En un gesto atípico que evidencia el fuerte cimbronazo político y doctrinario provocado por su última sentencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, emitió un comunicado oficial para frenar la ola de cuestionamientos y aclarar que bajo ninguna circunstancia convalidó la venta irrestricta de campos a extranjeros ni clausuró el debate sobre el mega DNU 70/2023. Bajo el argumento de profundizar su “política de lenguaje claro”, el máximo tribunal buscó aplacar la polémica desatada entre juristas y sectores de la oposición, señalando de forma categórica que en el expediente “sólo se decidió un aspecto procesal, que se refiere a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar; y se ajusta estrictamente a todos los precedentes de esta Corte Suprema”. Desde el cuarto piso de Talcahuano salieron así a contrarrestar la lectura unánime de que el levantamiento de la cautelar significaba, en los hechos, una luz verde definitiva a la extranjerización territorial.

La aclaración oficial sobrevino tras las duras reacciones de reconocidos constitucionalistas y referentes del derecho público, quienes reprocharon al tribunal haber apelado a un formalismo para esquivar el control sustancial del decreto que derogó la Ley de Tierras (26.737). El pleito se había originado cuando el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) de La Plata logró una medida cautelar en la Cámara Federal platense que frenaba el artículo 154 del DNU, argumentando que la eliminación de los topes del 15% a la titularidad foránea lesionaba la soberanía y la integridad del país. Sin embargo, la Corte revocó dicho pronunciamiento al sostener que la entidad carecía de legitimación activa porque la soberanía no configura un bien colectivo tutelable por asociaciones civiles, una salida técnica que reinstaló la operatividad registral de la compraventa foránea y encendió las alarmas por la desprotección de zonas de frontera y recursos estratégicos.

Ante la virulencia de las críticas que la acusaban de abdicar de su rol republicano frente a un decreto sobre el cual la Constitución exige un escrutinio restrictivo, la Corte aprovechó el documento para fijar los límites de su alcance y apuntar directamente contra el clima de debate público. El tribunal remarcó que “la sentencia no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales”, y que “tampoco impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente”. En ese mismo pasaje, los magistrados deslizaron una fuerte queja hacia la presión política y digital: “Los grupos de interés que presionan sobre el tema, también pueden recurrir al reclamo judicial, lo que, en una democracia, es más adecuado que la promoción de discursos de odio y descalificación en las redes sociales”, enfatizando además que el pronunciamiento no invade competencias legislativas, ya que “tampoco se obstaculiza la función del Honorable Congreso de la Nación en el tratamiento de este aspecto del DNU 70/2023, que fue rechazado por el Senado de la Nación el 14 de marzo del año 2024 y, está siendo examinado por la Cámara de Diputados de la Nación”.


Liderazgo

En el segundo tramo de la comunicación, el alto tribunal ensayó una cerrada autodefensa de su trayectoria ambiental y colectiva para desarticular las sospechas sobre un viraje regresivo en la custodia del patrimonio nacional. “La Corte Suprema ha ejercido un liderazgo en la a protección de los recursos naturales, el ambiente y los bienes colectivos durante muchos años, y no es conveniente intentar confundir a la población en este aspecto”, sostuvieron los jueces, marcando una línea divisoria entre el disenso técnico y el cuestionamiento institucional: “La crítica es correcta; la descalificación y el odio sólo deterioran las instituciones y la democracia”. Con esta afirmación, el tribunal intentó separar su rigurosa doctrina procesal sobre el concepto de "caso judicial" de cualquier intencionalidad política vinculada a la desregulación de bienes estratégicos o cuencas hídricas.

Finalmente, el tribunal insistió en que el fondo del litigio permanece formalmente abierto y a la espera de un actor procesal con agravio directo y suficiente. “La controversia referida a la ley de tierras, es decir, el artículo 154 del DNU 70/2023 y la vigencia de la ley 26.737, (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales”, no ha sido resuelta en este caso, como se aclaró expresamente”, precisó el escrito, concluyendo que “la Corte se expedirá sobre las normas jurídicas conocidas como ley de tierras cuando lleguen esos reclamos, lo que no ha ocurrido hasta el momento. De modo que no puede interpretarse de ninguna manera que exista una posición del Tribunal o de los ministros sobre el referido régimen”. De este modo, la cabeza del Poder Judicial buscó desmarcarse del impacto práctico de su propio fallo, dejando la resolución definitiva atada a nuevos amparos o al desenlace que Diputados le dé al megadecreto presidencial.