Numerosos juristas, constitucionalistas y especialistas en derecho público salieron al cruce de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras su decisión de dejar vigente el capítulo del mega DNU 70/2023 que derogó la Ley de Tierras (26.737). Al revocar la sentencia de la Cámara Federal de La Plata con el argumento de que el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) carece de legitimación activa para litigar, el máximo tribunal evitó expedirse sobre el fondo del planteo y desató una fuerte controversia en la comunidad jurídica. Letrados y académicos coincidieron en reprocharle al tribunal haber apelado a un formalismo procesal que, en los hechos, desprotege la soberanía territorial y convalida un instrumento excepcional sobre el cual la propia Constitución exige un control ultra restrictivo.

En el plano de los efectos materiales y territoriales, las alertas fueron tajantes. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez puso el foco en la desregulación inmediata que genera la resolución: “La consecuencia nefasta del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es que, a partir del dictado de la sentencia, cualquier persona física o jurídica extranjera o cualquier Estado extranjero pueden comprar toda la tierra rural a donde quieran -incluida las zonas de frontera- sin límite alguno”, sintetizó, en alusión al levantamiento de los topes del 15% a la titularidad foránea y de las restricciones sobre cuencas hídricas que imponía el régimen sancionado en 2011.

Desde la perspectiva del derecho procesal y administrativo, Gustavo Arballo desmenuzó la contradicción doctrinaria en la que incurre el fallo para justificar su abstención. “Más allá de peripecias procesales y de las artes oscuras de la legitimación, es notable el lapsus en que la Corte subraya la idea de que fallar en causas sin 'caso' implica 'una grave transgresión del esquema de separación de poderes'”, apuntó el especialista, para luego remarcar la paradoja: “... y lo hace como si no se estuviera discutiendo precisamente un instrumento (DNU) sobre el que la Constitución y la propia corte tiene una jurisprudencia pacífica y ultra restrictiva, y que implica una grave transgresión al esquema de separación de poderes”.

Por su parte, el jurista Roberto Carlés apuntó contra la dilación sistemática del tribunal para juzgar los alcances de la normativa de emergencia del Poder Ejecutivo. “La Corte lleva más de dos años estudiando la constitucionalidad del DNU 70/23 con admirable prudencia: cada vez que puede pronunciarse, encuentra una razón procesal para no hacerlo. Ayer volvió a ocurrir. ¡Qué mala suerte al elegir los casos! Esta vez, para poder negarle legitimación al CECIM, fue un paso más allá: negó que la soberanía territorial pueda constituir un bien colectivo. Todo con tal de no llegar al fondo. Quizás esperan al próximo gobierno, que derogue el DNU y les ahorre tener que juzgarlo. Cuando alguien no quiere hacer su trabajo lo mejor que puede hacer es retirarse”, disparó.

A este escenario de repliegue judicial se sumó un cuestionamiento político e institucional insoslayable sobre la dinámica de los poderes. El abogado Mariano Bar advirtió sobre la fractura de la lógica republicana que genera el pronunciamiento frente a lo actuado en el Parlamento: “Lo verdaderamente escandaloso de este 'pónganse a laburar' de la Corte es que el Congreso ya laburó sobre el tema. En agosto, el oficialismo mandó el proyecto de 'Inviolabilidad de la Propiedad Privada' para replicar por ley la desregulación de tierras del DNU. ¿Qué pasó? El Senado rechazó ese proyecto en sesiones ordinarias. Es decir: el Congreso, en ejercicio de sus funciones propias y con posterioridad al DNU, ya se expidió específicamente sobre la materia de la Ley de Tierras. Le dijo que NO a la propuesta de Milei. Al reponer la vigencia del DNU mediante una cuestión procesal, la Corte genera una anomalía institucional porque una materia regulada por DNU sobrevive a pesar de que el Congreso rechazó 'la materia' expresamente por la vía constitucional correspondiente hace apenas semanas”.

Hasta el momento no hubo voces oficiales que apoyaran la resolución de la Corte ni el arco jurídico ni en el político.