La herramienta está disponible. Y “si la recaudación sigue cayendo”, como advierten desde la Casa de Gobierno, en lo inmediato se podría recurrir a la toma de deuda privada como vía de financiamiento para las arcas del Estado tucumano.

El Poder Ejecutivo (PE) aprobó los términos y condiciones propuestos por el Banco Macro SA para acceder a un préstamo por hasta $100.000 millones, cuyo destino -en caso de concretarse el giro- serán una serie de obras públicas incluidas en el contrato, como el Procrear de Tucumán.

La novedad se conoció esta semana con la publicación del decreto 1.612/3 (MEyP), que data del 20 de julio, y lleva las firmas del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado.

El instrumento habilita además al ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, a realizar las gestiones administrativas y a suscribir la documentación necesaria a fin de obtener la autorización de endeudamiento por hasta dicho monto ante las autoridades del Ministerio de Economía de la Nación, que encabeza Luis “Toto” Caputo, y del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

A la vez, autoriza al titular de la cartera económica a celebrar un contrato de cesión de garantía con el Banco Macro, en el que, entre otros puntos, a los fines de garantizar el cumplimiento “en tiempo y forma de la totalidad de las obligaciones de pago asumidas por la Provincia bajo el préstamo”, el Gobierno de Tucumán cederá “sus derechos de cobro sobre cierta participación de los fondos coparticipables” que distribuye la Nación.

En caso de ejecutarse esta alternativa, será la segunda vez que la gestión de Jaldo recurra a la banca privada como vía de financiamiento, dado el antecedente de un préstamo por $80.000 otorgado por el Macro a partir del contrato firmado el 11 de junio de 2025. En aquella ocasión se había establecido el destino del empréstito a “la ejecución de obras públicas y a la adquisición de maquinaria y equipos”.

Las condiciones y las obras previstas

El decreto 1.612 /3 (MEyP), que incluyendo lo dispuesto por Jaldo y las copias de los contratos en los anexos totaliza 65 páginas, alude en los considerando a los informes aportados por las áreas técnicas del Poder Ejecutivo.

“En lo que respecta a las condiciones financieras, particularmente sobre la tasa de interés y el período de gracia de capital, la Dirección de Crédito Público estima que resultan razonables y convenientes para la Provincia, encontrándose alineadas con los parámetros de mercado vigentes, constituyendo una alternativa viable para el financiamiento requerido”, indica el instrumento.

Los términos y condiciones están fijados en el Anexo I, donde se fija un monto de hasta $100.000 millones, con un plazo total de 36 meses contados a partir de cada desembolso y un plazo de gracia de seis meses. “La Tasa de interés aplicable es la Tasa TAMAR corregida más 700 puntos básicos”, agrega el documento, que consigna como garantía “la cesión de derechos sobre las sumas a percibir provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos Nacionales”.

El Anexo II, en tanto, enumera los proyectos de infraestructura a los cuales se destinarán los fondos, en caso de concretarse el préstamo. El listado no incluye montos ni otros indicadores, pero allí aparecen 16 obras ejecutadas por la Provincia: Procrear II (Final 572 viviendas), Comando Región IV de Gendarmería Nacional, las rutas provinciales 357, 311 y 323; la rotonda de Juan Bautista Alberdi; el puente de Estación Aráoz; la Escuela Roca (reparación integral), la Escuela de la Patria (reparación), la Nueva Escuela Secundaria de San Pedro de Colalao, la Escuela de Manantial Sur y la Escuela French y Berrutti de Aguilares (Reparación). También figuran el pozo de agua en La Ramada y La Cruz; el final del pozo de agua en Barrio Presidente Perón (Banda del Río Salí) y el final de la planta de tratamiento y red colectora Burruyacu; y el final de Centros de Desarrollo Infantil (CDI).

En el contrato, la Provincia asume “el compromiso irrevocable e incondicional de aplicar los fondos” correspondientes a esta operación a dichos proyectos, así como a “acreditar al banco el cumplimiento” de este punto, a fin de dar cumplimiento a la Resolución 30/2017 de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

En la Ley de Presupuesto

La gestión por este nuevo crédito no requirió de un nuevo debate legislativo. Es que, según se detalla en los considerandos del decreto que habilita esta deuda con el Banco Macro, la operación se encuadra en lo establecido por la Ley 9.942, que fijó las erogaciones y los recursos del Presupuesto General de la Provincia para 2026. En el artículo 17° se establece un tope del 10% del total anual de gastos consignados para este ejercicio ($4,91 billones en la normativa original, que próximamente será ampliada), por lo que el oficialismo no tendría que defender el uso de esta herramienta en el recinto legislativo.

Fuentes de la Casa de Gobierno explicaron a LA GACETA que, por el momento, se ha solicitado la autorización de rigor para eventualmente acceder a este préstamo del Banco Macro. Y, ante la disminución en la recaudación, se verá “si hacemos uso de ese crédito”, se explicó a este diario.

"Asegurar la gobernabilidad"

El viernes, en rueda de prensa, el móvil de LG PLAY consultó al gobernador Jaldo sobre la posibilidad de que la Provincia tome deuda en lo inmediato.

“Nosotros estamos tomando todos los recursos que sean necesarios para mantener la gobernabilidad, la previsibilidad, pero fundamentalmente la paz social en Tucumán. Nosotros vamos explorando diferentes fuentes de financiamiento, como ya lo hicieron muchas provincias del país, con la diferencia de que hay provincias que colocaron bonos en el exterior, y los bonos en el exterior son en dólares", señaló el mandatario.

Recordó que Tucumán, al carecer de explotación minera o energética, genera dólares a partir de las exportaciones registradas a partir de las economías regionales, como citrus, caña de azúcar o arándanos. "Es decir que no nos podemos endeudar en dólares porque el Estado no genera dólares, por eso tenemos que buscar fuentes de financiamiento nacionales y provinciales, bancarias, o de algún tipo de título que se cotice en la provincia, y en pesos", remarcó.

Jaldo agregó en ese sentido que "tenemos la obligación de explorar todas las fuentes de financiamiento", y recordó que Tucumán "es una provincia que no está endeudada, y tiene un índice de coparticipación prácticamente con un 97% o 98% de desafectación". " Es decir que tenemos margen para tomar deuda, si así hace falta en estos ejercicios fiscales", acotó.

De todos modos, aclaró que "todo esto depende de la Nación". "Si la economía mejora, si mejora el consumo, si levanta el IVA, si hay más coparticipación, si nos devuelven los impuestos al combustible, los ATN, el incentivo docente, la compensación del transporte, Tucumán la verdad es una provincia que se autofinancia. Ahora, si te empiezan a sacar todos los conceptos que te han sacado, bueno, al margen de dialogar o confrontar, tenemos que tomar los recaudos. Lo que no podemos hacer es no asegurar la gobernabilidad en la provincia”, insistió Jaldo.