El gobierno de Donald Trump se encamina a ejecutar la mayor revocación de visados en la historia de Estados Unidos. La medida apunta a cerca de 200.000 extranjeros que, tras ingresar al país con permisos de negocios o turismo, iniciaron trámites de asilo. Según documentos del Departamento de Estado obtenidos por la agencia AP, la iniciativa -que se anunciaría formalmente en las próximas semanas- afectará las visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026.
Trump amenaza a Canadá con una guerra comercialCoordinación interinstitucional y cambio de estatus
La maniobra, coordinada entre el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), busca frenar lo que la administración considera un uso indebido de los visados de no inmigrante. Aunque la revocación dejaría a los afectados sin su estatus de viajeros, funcionarios bajo condición de anonimato aclararon que esto no derivará necesariamente en una deportación automática, sino en una reclasificación de sus casos de asilo pendientes.
El vínculo de Cerimedo con Jared Kushner, su paso por la campaña de Trump y su caída en Bolivia"Estamos coordinando con el DHS para identificar y revocar las visas de no inmigrante de los extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí de forma permanente”, afirmó el vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott.
Primarias en EEUU: la “izquierda” demócrata crece en Florida y aliados de Trump sufren revesesEl funcionario no precisó la cifra exacta de afectados, al argumentar que “como el proceso estará en curso, la cantidad de revocaciones sigue siendo dinámica y se realizará de forma continua”. Actualmente, a los solicitantes de estas visas se les exige demostrar que no tienen intención de abandonar sus países de origen de forma definitiva.
Nuevas barreras económicas para el talento extranjero
La ofensiva migratoria no se limita a los turistas. El gobierno reactivó una polémica propuesta para imponer una tasa de 103.265 dólares a los empleadores que contraten profesionales bajo el programa de visas H-1B, esencial para sectores de tecnología, ciencia y medicina. El Departamento de Seguridad Nacional justificó este cobro como un “mecanismo de ingresos” para financiar el sistema de inmigración legal.
Esta medida retoma un intento previo de 2025, cuando se buscó aplicar una tasa similar para combatir un supuesto “abuso sistémico”. Aquella orden fue bloqueada por un juez federal tras una demanda de 20 estados, quienes calificaron el cobro como un impuesto ilegal que evade la autoridad del Congreso. Ante el bloqueo judicial, la Casa Blanca intenta ahora imponer la tarifa a través de una nueva vía regulatoria mientras el caso sigue en apelación.
El asilo como "laguna legal" bajo ataque
La administración fundamenta estas decisiones en la necesidad de cerrar brechas en el sistema. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, fue tajante en sus redes sociales al criticar el uso de visas de turista para fines migratorios permanentes: “La gente en Estados Unidos y en todo el mundo está harta de las solicitudes de asilo fraudulentas. El asilo no debería ser una laguna legal para eludir la ley de inmigración”, insistió.
Este endurecimiento se suma a otras restricciones implementadas desde el inicio del segundo mandato de Trump, como la revisión de redes sociales, el cobro de fianzas elevadas y la ofensiva contra el "turismo de maternidad".