Estados Unidos prepara una nueva ofensiva contra la inmigración. El gobierno de Donald Trump analiza revocar las visas de negocios y turismo de hasta 200.000 personas que solicitaron asilo después de ingresar al país con permisos para estadías temporales. De concretarse, sería la mayor revocación de visas en la historia de Estados Unidos.
La medida alcanzaría a titulares de visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026 que posteriormente presentaron solicitudes de asilo. Según documentos del Departamento de Estado obtenidos por The Associated Press y declaraciones de funcionarios federales, el proceso se realizaría en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional.
El Departamento de Estado podría comenzar a aplicar la nueva política a partir de la próxima semana, aunque el número definitivo de personas afectadas todavía no está establecido.
¿Por qué Estados Unidos revocará las visas?
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó que el gobierno trabaja junto con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar a extranjeros que ingresaron al país alegando ser visitantes de corta duración y luego solicitaron asilo para permanecer de manera permanente.
Pigott evitó precisar cuántas visas serán revocadas y explicó que el proceso será gradual, por lo que la cifra podría modificarse.
Las visas B1 se utilizan principalmente para viajes de negocios, mientras que las B2 corresponden a turismo, visitas familiares y determinados tratamientos médicos.
La revocación de estos permisos no implicaría necesariamente una deportación inmediata. Los funcionarios consultados señalaron que muchas de las personas con solicitudes de asilo pendientes podrían conservar sus procesos migratorios, aunque perderían su condición de viajeros habilitados para ingresar a Estados Unidos por negocios o turismo.
La nueva ofensiva migratoria de Donald Trump
La iniciativa forma parte del endurecimiento de la política migratoria impulsado por Donald Trump durante su segundo mandato.
En los últimos meses, el Departamento de Estado incrementó los requisitos para quienes solicitan visas estadounidenses. Entre las nuevas exigencias se encuentran controles más detallados de los antecedentes y de la actividad en redes sociales, además de mayores requisitos económicos para determinados trámites.
El subsecretario de Estado, Christopher Landau, cuestionó públicamente a quienes utilizan visas de turismo o negocios para ingresar al país y posteriormente solicitan asilo.
Según Landau, el sistema de asilo no debería utilizarse como una vía para evitar las restricciones de la legislación migratoria estadounidense.
En los últimos 18 meses, además, el Departamento de Estado revocó alrededor de 175.000 visas por distintos motivos, entre ellos condenas o acusaciones por delitos y determinadas expresiones públicas contra políticas estadounidenses.
Trump ya tuvo reveses judiciales por su política migratoria
La nueva ofensiva podría enfrentar impugnaciones judiciales, al igual que otras iniciativas impulsadas por la administración Trump.
El gobierno estadounidense ya sufrió derrotas en los tribunales con algunas de sus medidas migratorias, entre ellas los intentos de restringir la ciudadanía por nacimiento.
La administración también endureció los controles sobre el denominado “turismo de parto”, una práctica mediante la cual mujeres extranjeras viajan a Estados Unidos para dar a luz y obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos.
También endurecen las visas para trabajadores extranjeros
La ofensiva migratoria no se limita a las visas de turismo y negocios. El gobierno de Trump también volvió a proponer un fuerte aumento del costo para las empresas que contraten trabajadores extranjeros mediante el programa H-1B, destinado principalmente a profesionales especializados.
La nueva propuesta contempla una tasa de US$103.265 por trabajador.
Se trata de una iniciativa similar a la que la Casa Blanca intentó implementar en 2025, cuando estableció una tasa de US$100.000 para los empleadores que utilizaran el programa H-1B.
Sin embargo, en junio pasado, un juez federal bloqueó esa medida después de una demanda presentada por 20 estados gobernados por demócratas. Los demandantes argumentaron que el cobro funcionaba como un impuesto y excedía las facultades del Poder Ejecutivo.