La limpieza del subsuelo del Tribunal Oral Federal de Tucumán, que en mayo derivó en una denuncia penal y en un conflicto interno dentro del propio tribunal, fue tema de análisis en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Durante la sesión del miércoles, el organismo encargado de ejercer funciones de control sobre los magistrados de la Justicia Federal aprobó el pedido de informes incluido en el punto 15 del documento tratado por sus integrantes, con el objetivo de obtener información oficial sobre el procedimiento realizado en la sede judicial y el destino que tuvieron los elementos retirados.

El caso se remonta al 11 de mayo, cuando la jueza Cristina Giordano, que subrogaba el Tribunal Oral Federal, dispuso una intervención sobre los subsuelos del edificio de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco.

La medida contó con la intervención de Gendarmería Nacional, que aportó camiones para retirar los elementos. En esas dependencias se acumulaban desde hacía décadas secuestros de distintas causas, además de muebles, computadoras, documentación y otros bienes pertenecientes al tribunal.

Según la denuncia que posteriormente presentó el secretario de Cámara Hugo César del Sueldo Padilla, el operativo había sido dispuesto por los tres jueces subrogantes que entonces integraban el TOF: Ana Carina Farías, en su carácter de presidenta subrogante, Federico Bothamley y Giordano.

Del Sueldo Padilla relató que inicialmente se había opuesto al retiro de los elementos porque, en su condición de secretario y custodio de los secuestros, entendía que no podía realizarse sin observar los procedimientos correspondientes. “Ello me parecía un acto fuera de la ley y que debía impedirlo”, declaró en primera instancia ante el fiscal federal Agustín Chit, aunque luego la causa pasó a Rafael Vehils Ruiz y al juez José Manuel Díaz Vélez.

La denuncia penal, que aún no tuvo avances, aportó luego detalles sobre el desarrollo de la limpieza y sobre los elementos que se encontraban en el subsuelo. Del Sueldo Padilla afirmó que allí había efectos correspondientes a causas en trámite, procesos con audiencias de juicio todavía pendientes y expedientes que no se encontraban firmes.

Según su declaración, durante el operativo se retiraron cajas y otros elementos con intervención de empleados judiciales y personal de Gendarmería, mientras se elaboraban planillas sobre lo que debía ser separado y descartado. Mencionó, además de expedientes, armas, dinero, muestras de droga, vehículos, computadoras, celulares, relojes y otros elementos.

Entre los episodios denunciados apareció además el caso “Ale”, que, según Del Sueldo Padilla, todavía no se encontraba concluido porque restaba cumplir una resolución de reenvío de la Cámara Federal de Casación Penal.

Pablo Camuña, representante ante el TOF del MPF, había reclamado información sobre el procedimiento, la resolución que había ordenado la destrucción, las normas aplicadas, el acta correspondiente y la identificación del funcionario que había intervenido.

La preocupación de la fiscalía estaba relacionada con la posibilidad de que entre los materiales retirados hubiera elementos correspondientes a causas sin juzgamiento.

Del Sueldo Padilla describió lo ocurrido como algo que, según su percepción, “excede cualquier abuso de poder que haya visto en mi carrera de más de 40 años de servicio”.

Resolución en el Consejo

El conflicto llegó posteriormente al Consejo de la Magistratura a partir de una presentación de la legisladora Silvia Elías de Pérez, quien pidió que el organismo analizara lo ocurrido y determinara si correspondía avanzar en alguna instancia de control. El consejero Alberto Lugones, camarista federal, pidió que “se libre oficio a la Cámara de Tucumán para que dé cuenta si tiene conocimiento del operativo de remoción de elementos secuestrados llevado a cabo en el Tribunal Oral de Tucumán; si -tal como surge de la denuncia- se habría informado la faltante de 58 pastillas de Alprazolam y en particular, si el secretario de Cámara habría advertido la existencia irregular de secuestros judiciales correspondientes a causas en trámite en el subsuelo del edificio y que hubieran dado lugar a actuaciones administrativas y la presentación de una denuncia penal, debiendo en su caso remitir las constancias respectivas”, lo que fue aprobado. La referencia a las pastillas de Alprazolam tiene que ver con un juicio en el que el fiscal desistió de la acusación justamente porque ese material se había extraviado durante la limpieza,

A la intervención de la fiscalía y a la denuncia penal del secretario se suma ahora la actuación del Consejo de la Magistratura, que deberá reunir la documentación y las explicaciones necesarias para determinar qué ocurrió durante aquella limpieza de mayo y si el procedimiento utilizado se ajustó a las reglas que deben regir la custodia, conservación y eventual destrucción de elementos incorporados a procesos judiciales.