Francisco Adorni, diputado bonaerense de La Libertad Avanza y hermano del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, admitió que cometió un error al confeccionar su declaración jurada patrimonial de 2024, en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito.
El legislador presentó un escrito ante el juez federal Daniel Rafecas en el que aseguró que consignó “un cero de más” al informar una deuda. Según explicó, esa equivocación llevó al fiscal Guillermo Marijuán a interpretar de manera errónea la evolución de su patrimonio.
Ahora Rafecas deberá resolver si hace lugar al pedido del fiscal y cita a Adorni a prestar declaración indagatoria.
El punto central de la investigación está en los datos consignados por Adorni en su declaración jurada anual de 2024. Allí informó una deuda inicial de $130 millones y otra de $60 millones al cierre del período.
A partir de esa diferencia, Marijuán interpretó que el diputado había reducido su deuda en unos $70 millones sin una explicación suficiente. Esa presunta reducción fue uno de los elementos que llevó al fiscal a solicitar su indagatoria.
En el escrito presentado ante Rafecas, Adorni sostuvo que la cifra inicial fue consignada por error. Según explicó, no eran $130 millones sino $13 millones, por lo que la reducción de deuda de $70 millones que surge de la declaración cuestionada nunca existió.
Para respaldar su explicación, el diputado recurrió a la declaración jurada correspondiente al comienzo del período, donde había informado una deuda de $13 millones.
“La explicación es materialmente plausible: reproduce exactamente la cifra anterior multiplicada por 10”, sostuvo en el documento.
Adorni también argumentó que esa interpretación resulta coherente con la falta de lógica económica que tendría el resultado. “Si el propósito fuera mejorar artificialmente el patrimonio”, planteó.
El cuestionamiento a la investigación
En el mismo escrito, el legislador cuestionó que la detección de la inconsistencia pueda ser utilizada como una prueba en su contra.
“La denuncia fue precisamente el acontecimiento que permitió advertir la inconsistencia más visible: una deuda inicial de $130.000.000 frente a los $13.000.000 informados en la declaración inicial”, señaló.
Y agregó: “La reacción lógica ante el conocimiento de un error es revisar y corregir. Convertir esa reacción en prueba automática de ocultamiento genera un incentivo perverso: quien advierte una equivocación quedaría penalmente mejor situado si la mantiene”.
No es la primera vez que Adorni introduce modificaciones en sus presentaciones patrimoniales. En la declaración jurada de 2025 incorporó, mediante una rectificación, $24,5 millones en efectivo. De acuerdo con la explicación que había dado entonces, $21 millones de ese monto correspondían a una herencia.
De la función pública a la Legislatura
Antes de asumir como diputado bonaerense, Adorni fue titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa. Posteriormente ocupó la presidencia del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).
La causa judicial se inició a partir de un pedido formulado por el fiscal Marijuán. El 18 de junio solicitó que Adorni sea citado a indagatoria por presunta omisión maliciosa en sus declaraciones juradas patrimoniales entre 2023 y 2026, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Según la fiscalía, el diputado “omitió y falseó datos relevantes” en las presentaciones realizadas ante la Oficina Anticorrupción, con el supuesto objetivo de ocultar sumas de dinero y cuentas bancarias.
El 8 de julio, Rafecas ordenó nuevas medidas de prueba para avanzar con la investigación. Entre ellas, solicitó la última declaración jurada presentada por Adorni ante la Legislatura bonaerense, pidió al Banco Provincia información sobre los pagos de un crédito hipotecario realizados desde 2024 y dispuso consultas al Registro de la Propiedad respecto de dos inmuebles que el diputado adquirió por sucesión.
Mientras el expediente continúa con esas medidas, el juez federal deberá definir ahora si cita a Adorni a indagatoria. El legislador, por su parte, sostiene que la principal inconsistencia detectada en su patrimonio fue producto de un error de carga y que la deuda que figuraba como de $130 millones era, en realidad, de $13 millones.