El 5 de septiembre se pondrá en marcha el nuevo Régimen Penal Juvenil. Se trata de una ley que reemplaza a la que se creó en 1980, en plena Dictadura Militar y a través de un decreto. Es una norma que, aunque muchos no lo crean, cambiará la vida de muchos. Pero, ante la inminencia de su aplicación, vale la pena hacerse una pregunta: ¿estamos preparados?

La mayoría de los argentinos cree que el aspecto más importante es que se haya bajado la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Sin embargo, la discusión pública quedó atrapada en ese punto y dejó en segundo plano un cambio mucho más profundo: el Estado, las escuelas y las familias deberán adaptarse a una transformación para la que todavía no parecen estar completamente preparados.

Para entender mejor el nuevo régimen, vale la pena aclarar algunas cuestiones. Una de las más importantes es saber que con este sistema habrá más adolescentes que deberán responder penalmente por sus actos. Es que con la norma anterior, sólo se iniciaban acciones penales contra delitos que contemplaban una pena superior a los dos años. Ya no será así: ahora podrán ser acusados de todos los delitos previstos en el código penal.

Según la nueva norma, la suerte procesal de los adolescentes se definirá según la gravedad del ilícito del que fueron acusados. Para ello se establecieron tres categorías:

- Delitos leves (cuyas penas no superen los tres años de prisión): el menor no terminará en un calabozo y seguirá el proceso en libertad. Pero un juez de Menores, Niños y Adolescentes le impondrá, cara a cara y con sus padres o tutores al lado, la prohibición de acercarse a la víctima y otras sanciones (como no asistir a bailes o recitales), ordenará realizar tareas comunitarias, reparar el daño generado y hasta utilizar una tobillera electrónica, entre otras medidas. De todas maneras, será imputado y, si llegara a ser condenado, tendrá antecedentes.

- Delitos intermedios (con penas de entre tres y 10 años): esta categoría está reservada para los menores que no hayan causado la muerte ni provocado violencia física o psíquica grave y que no tengan otra causa en trámite. El magistrado puede reemplazar la privación de la libertad por medidas como las ya mencionadas. Pero para ello necesita un dictamen elaborado por especialistas sobre su conducta y realidad, el acuerdo del fiscal acusador y escuchar a la víctima.

- Delitos graves (penas superiores a 10 años, o con resultado de muerte o violencia grave): la ley habilita que los autores queden detenidos bajo modalidades como el arresto domiciliario, un instituto abierto -donde el procesado puede abandonar temporalmente el lugar de alojamiento para estudiar o trabajar- o un centro especializado de detención, siempre separado de los adultos. La norma establece que nunca podrán ser condenados a prisión perpetua y que la pena máxima será de 15 años.

El fin de las “travesuras”

Muchos creen que este régimen está pensado para abordar la situación de adolescentes que mantienen conflictos con la ley desde hace tiempo. Son, según la creencia popular, los chicos de los barrios más vulnerables que hicieron de la delincuencia una forma de vida. Sin embargo, las leyes, como corresponde, no contemplan clases sociales.

A saber: lo que antes era considerado una travesura o una picardía ahora será un delito. Robar unas zapatillas en el colegio o en un vestuario, lesionar a alguien durante una pelea -en la calle o en un establecimiento educativo-, provocar un accidente al manejar un auto sin licencia, realizar amenazas de bomba o de un posible tiroteo, difamar a alguien viralizando imágenes íntimas o creando fotografías falsas con inteligencia artificial, o acosar a una adolescente serán motivos suficientes para abrir una causa penal.

Este nuevo régimen penal va mucho más allá. Ahora los padres deberán responder civilmente por las acciones de sus hijos. No sólo deberán escuchar de los funcionarios judiciales cuáles son las medidas que tendrán que cumplir los acusados, sino también reparar el daño que causaron. Meses atrás, en Santa Fe, el padre de un alumno de 13 años debió pagar $13 millones debido a que su hijo realizó una falsa amenaza de balacera. Lo que antes era excepcional, ahora podría convertirse en algo frecuente.

Hoy son muy pocos los chicos que están al tanto de este importante cambio. Los expertos coinciden en que la prevención es fundamental. Por eso es vital que los adolescentes entiendan que las cosas cambiarán y que una travesura puede generar consecuencias que los acompañen durante buena parte de su vida adulta. Por ejemplo, un condenado podría tener dificultades para obtener un certificado de buena conducta -clave para determinados estudios o trabajos-, conseguir una licencia de conducir o tramitar una visa.

Los especialistas sostienen que la prevención es la mejor herramienta para evitar que el Régimen Penal Juvenil se transforme en un generador de expedientes. No sólo hay que enseñarles a los chicos los alcances de esta nueva realidad, sino que esos conceptos también deben ser reforzados en los establecimientos educativos. Las autoridades de los colegios experimentales de la Universidad Nacional de Tucumán convocaron al juez especializado Federico Moeykens para que brindara charlas sobre el tema. ¿Y el resto del sistema educativo? No se conoce si tuvo en cuenta esta cuestión.

Un gris bastante amplio

Tucumán, al haber inaugurado el instituto “San José Gabriel del Rosario Brochero” en el penal de Benjamín Paz, es una de las pocas provincias que cuenta con un centro de detención juvenil, tal como lo disponen las normas, aunque aún debe encontrar un lugar adecuado para alojar a las adolescentes.

Sin embargo, a 19 días de que la norma entre en vigencia -algunos aseguran que podría prorrogarse su aplicación-, no se sabe, por ejemplo, si el Ministerio Público Fiscal creará unidades especiales para atender los casos en los que estén involucrados menores. Actualmente no existe diferenciación. ¿Están capacitados los funcionarios para recibir estos expedientes? ¿Al haber más casos de adolescentes involucrados en ilícitos, el sistema no terminará saturándose? Son preguntas que no tienen respuestas.

“El éxito de esta ley no se medirá por cuántos adolescentes cumplen una condena. El verdadero éxito se medirá por cuántos dejan definitivamente de delinquir y por cuántas futuras víctimas logramos evitar”, fundamentaron los legisladores oficialistas Maia Martínez, Adriana del Valle Najar y Gerónimo Vargas Aignasse al presentar el proyecto de ley para la creación del Sistema Provincial de Ejecución Especializada, una herramienta fundamental para la implementación del nuevo régimen.

No es otra cosa que el marco de actuación para los menores que tengan conflictos con la ley. No sólo contempla lugares de detención, sino también la creación de equipos encargados de realizar un seguimiento -médico, educativo y laboral- de los adolescentes que hayan sido condenados. La iniciativa podría tratarse hoy en una reunión para que luego sea debatida en una próxima sesión. Tampoco está definido quién cubrirá el rol del “Supervisor”, persona que tendrá a su cargo el seguimiento del cumplimiento de las medidas o penas que se impongan.

Está claro que a partir del 5 de septiembre nada será igual. En la sociedad se instaló la idea de que este régimen sólo buscará procesar y encerrar a los menores que cometan delitos graves. Pero el cambio es mucho más profundo. El desafío no pasa únicamente por aplicar una nueva ley, sino por contar con las herramientas institucionales, educativas y familiares para que funcione. ¿Estamos preparados para aceptar e implementar el nuevo régimen?