La legisladora Silvia Elías de Pérez presentó una batería de acciones para esclarecer las responsabilidades por el grave accidente ocurrido en Villa Luján, donde un niño de tres años cayó en una abertura llena de líquido cloacales en la vía pública y debió ser hospitalizado.

Las presentaciones están dirigidas a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), al Ersept y a la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte de la Legislatura, con el objetivo de conocer qué ocurrió, si existían reclamos previos, cuáles fueron los controles realizados y qué medidas se adoptarán para evitar que un hecho de estas características vuelva a repetirse.

Entre los requerimientos formulados, la legisladora solicita que la SAT informe si la estructura donde ocurrió el accidente estaba bajo su responsabilidad, remita todos los reclamos realizados por vecinos desde 2022, detalle las obras ejecutadas tras el hecho y presente un relevamiento actualizado de otras instalaciones sanitarias que se encuentren abiertas, deterioradas o sin protección. Además, reclama que se informe si se iniciaron investigaciones administrativas para determinar eventuales responsabilidades.

En paralelo, requirió al Ersept que informe si intervino en el caso, qué controles efectuó sobre la infraestructura involucrada, si existían antecedentes o denuncias sobre el lugar y qué medidas adoptó luego del accidente para prevenir nuevos episodios.

“No alcanza con reparar después del accidente. Hay que prevenir. Queremos saber si hubo reclamos previos, si fueron atendidos y cuál es el verdadero estado de la infraestructura que utilizan miles de tucumanos todos los días. La transparencia y la rendición de cuentas son indispensables cuando está en juego la seguridad de las personas.” Sostuvo la parlamentaria.

Asimismo, Elías de Pérez solicitó al presidente de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte de la Legislatura que convoque al presidente de la SAT, Marcelo Caponio, a una reunión informativa para que brinde explicaciones sobre el estado general de la infraestructura sanitaria, los planes de mantenimiento, las inversiones previstas y los mecanismos de prevención implementados por la empresa.

“Lo ocurrido con este niño no puede quedar como un hecho aislado. Cuando la infraestructura pública pone en riesgo la vida de los tucumanos, el Estado tiene la obligación de explicar qué pasó, quién debía controlar y qué medidas concretas se van a tomar para que esto no vuelva a suceder”, concluyó la legisladora.