El abogado tucumano Alfredo Aydar debió comparecer a una indagatoria penal por los presuntos delitos de prevaricato y encubrimiento agravado en el fuero federal de Catamarca. El letrado optó por ampararse en su derecho constitucional de abstenerse de declarar ante los estrados judiciales catamarqueños, aunque no dejó pasar la oportunidad para ensayar una defensa formal en la que afirmó categóricamente que las acciones y delitos que se le endilgan ya se encuentran completamente prescriptos. Este nuevo frente penal en la vecina provincia se inscribe en una saga de presuntas infidelidades fiduciarias y profesionales que se entrelazan de manera alarmante con los antecedentes de despojo patrimonial que el abogado arrastra en los tribunales ordinarios de nuestra provincia.

La acusación que motivó su citación e indagatoria en Catamarca posee un anclaje directo con las derivaciones de la megacausa por criptoestafas de la firma Adhemar Capital, liderada por Edgar Adhemar Bacchiani. El expediente penal se abrió a raíz de una grave presentación penal de una de sus ex clientas, Aldana Donato, quien ejercía el cargo de gerenta de la sucursal cordobesa de la cuestionada financiera. Donato aseguró haber contratado los servicios profesionales de Aydar en su condición de damnificada por las maniobras de la firma y haberle entregado pruebas documentales informáticas y materiales clave sobre otros integrantes jerárquicos de la estructura delictiva; sin embargo, el abogado tucumano habría omitido presentar dichas evidencias en el expediente federal, perjudicando de este modo la estrategia procesal de quien había depositado en él su confianza.

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El dictamen acusatorio sostiene que existió un "prevaricato en concurso ideal con encubrimiento, en concurso real con amenazas". La hipótesis del Ministerio Público Fiscal de Catamarca apunta a que el letrado no sólo desplegó una defensa infiel en perjuicio de su propia representada, sino que instrumentó tácticas coercitivas e intimidatorias para silenciar los reclamos de Donato cuando ella descubrió que sus intereses estaban siendo postergados. Durante el acto formal de la indagatoria, y bajo el asesoramiento de su equipo legal, Aydar estructuró su negativa a responder preguntas bajo una estrategia técnica de prescripción de la acción penal, buscando clausurar anticipadamente el debate de fondo sobre el ocultamiento de evidencias y su presunta connivencia o desvío fiduciario en la estructura de las criptoestafas.

La sustanciación de esta indagatoria federal en Catamarca guarda un paralelismo y una coincidencia de modus operandi que alarma a los investigadores de la región, dado que en ambos distritos las víctimas denunciantes resultan ser mujeres en contextos de asimetría frente a su propio representante legal. En San Miguel de Tucumán, el expediente central se tramita ante la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos N° 4, donde Aydar y su hermana Silvia enfrentan cargos criminales por defraudación por administración fraudulenta, estafa y extorsión. En esa causa de origen local, el núcleo de reproche radica en el desapoderamiento material y progresivo de la indemnización que una joven de 21 años había percibido como reparación integral tras ser víctima de abuso sexual en un proceso penal previo.

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El caso, según la denuncia, se consumó luego de que los hermanos Aydar indujeran a la víctima a entregar la custodia de 30 millones de pesos en efectivo procedentes de la venta de una camioneta Ford Ranger Limited que valía 50 millones de pesos. Los abogados le aseguraron que su hogar en Villa Amalia sería blanco de asaltos enviados por el propio abusador condenado y que era inminente un "corralito" financiero que licuaría sus ahorros vitales. Según la investigación, una vez bajo el control fiduciario, los imputados bloquearon el acceso de la joven a sus recursos y, de manera inconsulta, destinaron 10 millones de pesos a supuestos e informales préstamos de mutuo en Santiago del Estero, desprovistos de contratos, garantías o avales contables.

Esto derivó en allanamientos simultáneos dictados por la jueza Cynthia Rocha, donde el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), supervisado por el fiscal Carlos Saltor, procedió al secuestro de computadoras, archivos digitales y teléfonos celulares de los sospechados. Los hermanos Aydar intentaron forzar una salida alternativa mediante un escrito donde ofrecieron una reparación integral de 12 millones de pesos en efectivo. Aquella propuesta económica fue efectuada bajo la condición de extinguir de manera inmediata la persecución penal en su contra y con la expresa aclaración de que se formulaba "sin asumir ningún tipo de responsabilidad, participación ni reconocimiento en los hechos materia de investigación".

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La respuesta fue negativa. La víctima calificó la oferta de los imputados como una "insuficiencia manifiesta", argumentando que el objeto de la instrucción penal versa sobre sumas significativamente mayores y que el código prohíbe de forma taxativa la concesión de criterios de oportunidad en causas que involucren a víctimas vulnerables o contextos de violencia de género y asimetría profesional. En paralelo, la joven formalizó una denuncia ética profesional ante el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados de Tucumán, exponiendo el abuso de confianza y exigiendo las máximas sanciones de matrícula para quienes convirtieron el resguardo de una indemnización en un despojo patrimonial.

Mientras en Catamarca se aguarda la resolución sobre el planteo técnico de prescripción de los delitos vinculados a la megacausa Adhemar Capital, en Tucumán la fiscalía profundiza las pericias tecnológicas sobre los dispositivos secuestrados, rechazando cualquier intento de clausura económica.