El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) solicitó formalmente a la Unidad de Información Financiera (UIF) que investigue la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti, ante la existencia de posibles inconsistencias patrimoniales y fondos cuyo origen, según la organización, no estaría debidamente acreditado.

La presentación fue realizada ante la UIF y reclama la apertura de un expediente de inteligencia financiera para analizar el patrimonio de ambos y, de corresponder, impulsar una denuncia penal por presunto lavado de activos.

El pedido del CIPCE a la UIF

De acuerdo con la presentación, dirigida al titular de la UIF, Matías Gabriel Álvarez, el organismo solicita que se apliquen todas las herramientas previstas por la normativa vigente para monitorear la evolución patrimonial de Adorni y Angeletti.

El CIPCE sostiene que ambos deben ser objeto de controles reforzados debido a que el funcionario reviste la condición de Persona Políticamente Expuesta (PEP), una categoría que exige mayores estándares de control para prevenir posibles hechos de corrupción o lavado de dinero.

La organización pidió que se determine la trazabilidad de los bienes declarados, el origen de los fondos utilizados y la consistencia económica de las operaciones realizadas en los últimos años.

Las operaciones patrimoniales bajo análisis

Entre los principales argumentos presentados por la entidad figuran la adquisición de una vivienda en un barrio privado durante noviembre de 2024 y la compra de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2025, cuando Adorni ya se desempeñaba como funcionario nacional.

El CIPCE también mencionó la existencia de importantes sumas de dinero en efectivo, viajes en aviones privados junto a contratistas del Estado y operaciones crediticias realizadas fuera del sistema bancario tradicional con personas que, según el planteo, no contarían con capacidad económica suficiente para respaldarlas.

La organización considera que estos elementos justifican una revisión exhaustiva por parte de la UIF.

La polémica por los ahorros "en negro"

Otro de los puntos centrales del pedido está vinculado con declaraciones realizadas por Adorni durante una entrevista televisiva, donde admitió haber omitido en sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 que parte de los ahorros familiares estaban compuestos por dinero no bancarizado.

"Ahorramos en negro como todos los argentinos", afirmó el funcionario al referirse a fondos que, según sus propias declaraciones, alcanzarían los 500.000 dólares.

Para el CIPCE, esas manifestaciones abren interrogantes respecto del origen de los recursos declarados y del cumplimiento de los estándares de transparencia que deben observar los funcionarios públicos.

Sospechas sobre operaciones inmobiliarias

La presentación también incorpora testimonios que fueron aportados en causas tramitadas ante la Justicia federal y que indicarían que al menos una operación inmobiliaria no habría sido escriturada por su valor real.

Según la organización, si esa situación llegara a confirmarse, podría encuadrarse dentro de maniobras de simulación susceptibles de ser analizadas bajo la figura penal de lavado de activos.

Por ese motivo, el CIPCE solicitó que la UIF profundice el análisis sobre las operaciones patrimoniales vinculadas al jefe de Gabinete y su entorno familiar.

El régimen de Inocencia Fiscal y los controles de lavado

La entidad remarcó además que la adhesión al régimen simplificado de Ganancias contemplado en la denominada Ley de Inocencia Fiscal no limita ni suspende las facultades de la UIF para investigar posibles inconsistencias patrimoniales.

Asimismo, recordó que la legislación vigente establece obligaciones de debida diligencia reforzada para las Personas Políticamente Expuestas debido al mayor riesgo de corrupción asociado a quienes ejercen cargos públicos relevantes.

El contexto internacional y la mirada del GAFI

El pedido fue firmado por el director ejecutivo del CIPCE, Pedro Biscay, quien enmarcó la solicitud en el contexto de seguimiento reforzado que realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre la Argentina en materia de prevención del lavado de activos.

Según el planteo, una actuación rápida y efectiva de la UIF en casos que involucren a altos funcionarios constituye una señal relevante de cumplimiento de los estándares internacionales exigidos por el organismo.

Por ese motivo, el CIPCE solicitó que se realicen controles integrales de consistencia patrimonial, se crucen datos con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y se analice información proveniente del sistema financiero para determinar la legalidad y el origen de los fondos involucrados.