Las principales críticas al proyecto de ley de gestión de intereses impulsado por el gobierno de Javier Milei, conocida como la ley de "lobby", dominaron el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General de la Cámara de Diputados. Allí, representantes de organizaciones de la sociedad civil expusieron reparos sobre la iniciativa y alertaron sobre posibles efectos negativos para la participación ciudadana y el funcionamiento de las instituciones.
La jornada se desarrolló una semana después de la exposición de Diego Marías, director nacional de Reforma Política del Ministerio del Interior nacional, quien había defendido la propuesta oficial. Esta vez, las entidades convocadas coincidieron en la necesidad de avanzar en mecanismos de transparencia, aunque cuestionaron distintos aspectos del articulado.
Uno de los planteos fue realizado por Alejandra García, presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Si bien sostuvo que la regulación del lobby es una deuda pendiente en Argentina, afirmó que el proyecto presenta “deficiencias estructurales graves”.
En particular, cuestionó la amplitud de la definición de gestión de intereses y advirtió que podría alcanzar prácticamente cualquier comunicación destinada a influir en una decisión pública. Además, consideró que la iniciativa incorpora sanciones penales de una severidad inédita y que podría derivar en una forma de criminalización del derecho constitucional de peticionar ante las autoridades.
En la misma línea, Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, puso en duda el verdadero alcance de la propuesta. “¿Es una ley que busca regular el lobby o controlar las agendas de las organizaciones de la sociedad civil y de los legisladores?”, planteó. A su juicio, el texto otorga un nivel excesivo de regulación, genera una carga burocrática significativa y limita la libertad de acción de las organizaciones.
También Andrés Napoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), cuestionó que el proyecto no diferencie entre el lobby corporativo y las actividades propias de las organizaciones sociales. Según explicó, muchas entidades representan intereses colectivos, aportan conocimiento especializado y colaboran con el Estado en cuestiones que exceden ampliamente la actividad de lobby. Por ello, consideró inapropiado encuadrarlas bajo un mismo esquema regulatorio.
María Barón, directora ejecutiva global de Directorio Legislativo, sostuvo que el mensaje de elevación del proyecto coincide con objetivos que su organización viene promoviendo desde hace años, aunque observó inconsistencias entre ese espíritu y el contenido del articulado. En ese sentido, reclamó mayor precisión en varias definiciones y alertó sobre zonas grises vinculadas a la caracterización de los distintos tipos de intereses que busca regular la norma.
Desde el sector productivo, Ángeles Naveyra, presidenta de Fundación Barbechando, defendió el diálogo entre los sectores involucrados y los funcionarios públicos como una práctica legítima dentro de una democracia representativa. Afirmó que una regulación debe garantizar transparencia sin convertirse en una barrera para que ciudadanos, empresas, instituciones y organizaciones puedan acercar sus aportes al Estado.
Por su parte, Alejandro Díaz, CEO de AmCham (de inversiones norteamericanas), respaldó la necesidad de fortalecer la transparencia y la calidad institucional, pero remarcó que cualquier regulación debe ser clara, aplicable y equilibrada. También recomendó revisar algunos conceptos del proyecto y advirtió que un régimen excesivamente punitivo podría desalentar la participación legítima de empresas y organizaciones en la elaboración de políticas públicas.
A pesar de las diferencias de enfoque, la mayoría de los expositores coincidió en que la regulación de la gestión de intereses es una discusión necesaria, aunque reclamaron modificaciones para evitar que la búsqueda de transparencia termine afectando la participación ciudadana y el vínculo entre la sociedad civil y el Estado.