La demanda iniciada por un partido ligado al Partido Justicialista (PJ) para adelantar los comicios provinciales de 2027 significó un punto de partida para la dirigencia de Tucumán, que espera con expectativas la confirmación del cronograma que fijará el Poder Ejecutivo (PE) para convocar a las urnas. Y la próxima semana se conocerá la postura de la Provincia en este proceso judicial. ¿Qué es lo que se viene en la causa?
El gobernador Osvaldo Jaldo explicó este miércoles que, si bien no hay definiciones oficiales, en el peronismo existe la intención de “respetar las fechas de las elecciones que se han venido realizando en 2019 y en 2023”, lo que ratifica la posibilidad de adelantar la votación a mayo o junio.
Teniendo en cuenta los antecedentes judiciales, el oficialismo cuenta con razones para pensar en esos meses en lugar de agosto, tal como se desprende del artículo 43 inciso 6 y del artículo 100 de la Constitución provincial de 2006.
Estos apartados determinan que la elección de autoridades debe efectuarse dos meses antes de la conclusión del mandato en ejercicio (salvo que se resuelva llamar a concurrentes, el mismo día que las nacionales). Como los actuales funcionarios asumieron en la última semana de octubre de 2023, la próxima convocatoria debería ser en agosto, tal como sucedió desde la reforma constitucional del alperovichismo y hasta el primer triunfo electoral de Juan Manzur, en 2015.
Demandas en 2018 y en 2022: los argumentos de "Juntos Podemos"
La estrategia del justicialismo es nuevamente anticipar los tiempos fijados en la Carta Magna. Y los dos precedentes judiciales citados por el tranqueño (promovida a través del Frente Renovador Auténtico, en 2018; y mediante el propio PJ-Distrito Tucumán, en 2022) fueron favorables a las pretensiones de la Casa de Gobierno.
En esta ocasión, la acción de amparo fue promovida mediante el partido “Juntos Podemos”, que vino actuando como acople del armado oficialista en los últimos comicios. La intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla, fue quien dio impulso ante el Consejo partidario a la moción de plantear la inconstitucionalidad de los apartados que ponen plazos al decreto que llama a sufragar.
Entre otros argumentos, según las actas de la reunión de dirigentes, la hija del presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, advirtió que los partidos políticos se verían forzados a afrontar dos procesos electorales de manera “casi simultánea”, dado que agosto es también el mes de las PASO nacionales (fueron suspendidas en 2025, pero no hay precisiones respeto a qué sucederá con las primarias de 2027).
¿Cómo sigue esta causa judicial?
El expediente recayó en la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Capital, integrada por Juan Ricardo Acosta y María Florencia Casas. Además de la demanda, la abogada designada por el partido “Juntos Podemos”, Soledad Molina Gaudioso, adjuntó el acta de la reunión extraordinaria celebrada por este espacio político y los fallos en las causas “Frente Renovador Auténtico” y “PJ-Distrito Tucumán”, que forman parte de los argumentos incluidos en la acción de amparo.
Las primeras actuaciones del tribunal llevan la firma del juez Acosta.
En un primer punto, el magistrado indicó a la letrada que deberá completar una serie de requisitos formales previstos por la normativa procesal.
En un segundo apartado, señaló que, una vez cumplido aquel punto, se requerirá a la Provincia de Tucumán, en su carácter de demandada, que eleve el informe de antecedentes, motivos y fundamentos contemplado por el artículo 21 del Código Procesal Constitucional. A la vez, se le corrió traslado de la demanda, con un plazo de cuatro días para la contestación.
La respuesta oficial y el antecedente más reciente
Fuentes de la Casa de Gobierno indicaron a LA GACETA que, hasta el mediodía de este jueves, no había llegado la notificación formal de la Justicia provincial. Pero en la Fiscalía de Estado, que conduce Gilda Pedicone, están al tanto de este proceso judicial. Se estima que la contestación -con el informe de rigor- por la causa "Juntos Podemos" tendrá lugar durante la semana próxima.
La Provincia respondió por última vez a un planteo de inconstitucionalidad de los artículos 43 (inciso 6) y 100 de la Carta Magna en julio de 2022, en el marco de la causa “PJ-Distrito Tucumán”.
En esa ocasión, el abogado Aldo Luis Cerutti, designado por la Fiscalía de Estado para este proceso, advirtió (también ante la Sala I) que los apartados cuestionados “ya no forman parte del ordenamiento jurídico vigente” en Tucumán, dada la sentencia dictada en 2019 en la causa “Frente Renovador Auténtico”. Y marcó que el pronunciamiento dictado en ese caso “ha irradiado sus efectos a partir de la convocatoria a elecciones generales de 2019 sin que ninguna fuerza política hubiera controvertido sus alcances”.
Finalmente, la sentencia dictada el 22 de agosto de 2022 por Casas y Acosta dio lugar a que, en octubre de ese año, el PE llamara a elecciones para el 14 de mayo de 2023. Tras la “caída” de la candidatura a vice de Manzur por un fallo de la Corte nacional, esa fecha fue modificada y se pasó al 11 de junio. Así, los antecedentes abren la posibilidad a ambos meses como alternativa para sufragar en 2027.