Después de más de dos años de conflicto presupuestario, el Gobierno nacional y los rectores de las universidades lograron un acuerdo de financiamiento que busca destrabar una de las principales disputas del sistema universitario argentino.

La propuesta en discusión incluyó un aumento salarial de 24,33% en dos tramos: un ajuste de 21,33% en julio y otro de 3% en octubre. Según lo acordado, esa recomposición equivale a siete puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y el resto apunta a compensar la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. Además, está prevista una reunión paritaria con los gremios para avanzar en las negociaciones.

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Pese al entendimiento alcanzado en materia económica, el conflicto institucional no quedó completamente resuelto. Los rectores hicieron saber que “no retirarán la demanda judicial” vinculada a la causa que analiza la Corte Suprema de Justicia por los fondos universitarios y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que fue aprobada y ratificada por el Congreso, pero que continúa sin implementarse.

Además de la recomposición salarial, el oficialismo incorporó el compromiso de evitar que los salarios universitarios continúen perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación durante 2026.

El acta rubricada también contempla un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a promover el acceso, la permanencia y la graduación en carreras de pregrado y grado consideradas estratégicas para el desarrollo del país.

A su vez, se acordó un financiamiento de $50.000 millones para hospitales universitarios, una de las demandas planteadas por las casas de altos estudios durante las negociaciones.

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Las conversaciones también incluyeron una negociación específica para el personal docente de los establecimientos preuniversitarios. En estos colegios de nivel medio, la situación salarial presenta mayores dificultades debido a la pérdida de poder adquisitivo provocada por la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID).