El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar bajo la lupa luego de que se conociera su adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias, una herramienta contemplada en la denominada Ley de Inocencia Fiscal, impulsada por el Gobierno nacional para reducir controles y simplificar trámites tributarios para contribuyentes.

La noticia generó repercusiones políticas porque el funcionario ya se había pronunciado públicamente a favor de la iniciativa meses antes de incorporarse al sistema.

Qué dijo Adorni sobre la Ley de Inocencia Fiscal

El 26 de diciembre de 2025, cuando aún se desempeñaba como vocero presidencial, Adorni celebró la sanción de la norma a través de una publicación en su cuenta de X.

“La ‘Ley de inocencia fiscal’ probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país: aún no se toma la real dimensión de todo lo que implica”, escribió.

El mensaje concluía con una de sus habituales frases institucionales: “Dios bendiga a la República Argentina. Fin”.

Aquella publicación volvió a cobrar relevancia este miércoles luego de que trascendiera que el funcionario solicitó formalmente su incorporación al régimen previsto por la ley que había defendido públicamente.

Cuándo se incorporó al Régimen Simplificado de Ganancias

Según se conoció, Adorni presentó su pedido de adhesión ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pocos días después de que hiciera lo mismo su esposa, Bettina Angeletti.

La decisión se produjo además en la previa de la presentación de su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, trámite obligatorio para los funcionarios nacionales.

Qué es el Régimen Simplificado de Ganancias

El Régimen Simplificado de Ganancias forma parte de la Ley 27.799 y busca agilizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las personas humanas.

Entre sus principales características se encuentra la elaboración de una declaración jurada prearmada por parte de ARCA, que luego puede ser revisada, corregida y validada por el contribuyente.

Desde el Gobierno sostienen que la medida apunta a reducir cargas administrativas y facilitar la relación entre los ciudadanos y el organismo recaudador.

La polémica política

La adhesión de Adorni reavivó el debate en torno a la Ley de Inocencia Fiscal, especialmente después de que sectores de la oposición cuestionaran que funcionarios públicos y sus familiares puedan acceder al régimen.

Mientras el oficialismo defiende la herramienta como un mecanismo de simplificación tributaria y formalización económica, los críticos sostienen que quienes ocupan cargos públicos deberían estar sujetos a mayores niveles de control y transparencia patrimonial.

La controversia promete continuar en el Congreso, donde distintos bloques opositores ya impulsan iniciativas para excluir a funcionarios y familiares directos de los beneficios contemplados en el régimen.