Pareciera que el Fondo Monetario Internacional se “albertiza” y que el kirchnerismo se “fondiza”. Así surgiría de una lectura rápida de las últimas recomendaciones del organismo y de posiciones políticas locales.

En su reporte sobre la economía argentina el Fondo presentó algunos planteos interesantes y otros alejados de la necesidad del país. Por ejemplo, recomendó simplificar el sistema tributario y eliminar distorsiones. La simplificación incluye la reducción de dos costos. Uno, de los contribuyentes, formado por gastos en asesoramiento contable y el tiempo involucrado en estimar bien los tributos (equivocarse puede acarrear pagos de más o acusaciones de evasión). Si se reducen, los recursos destinados a determinación impositiva podrían aplicarse a otras tareas, como mejor manejo financiero o productivo, o redundar en menor estrés. El otro costo es de administración tributaria. Más impuestos con más excepciones o categorías significan mayor gasto estatal en control, reconvenciones y ejecuciones.

Para las distorsiones recuérdese que los gravámenes modifican la conducta. De hecho, en ocasiones se establecen para eso: cargar más ciertos bienes que otros para reducir la demanda por ellos, o menos algunas actividades que otras para alentar que se realicen. El problema son los resultados no buscados. Por caso, reducir el Impuesto al Valor Agregado a los alimentos redistribuye a favor de los ricos porque éstos también compran pan o leche y más cantidad que los pobres. Sí, las personas de menores ingresos tal vez encuentren productos más baratos que si estuvieran gravados, pero se pierde recaudación a favor del resto.

El “tal vez” se agrega porque no necesariamente un tributo se traslada al precio. Si el mercado es competitivo un producto con IVA tendrá el mismo precio que sin el impuesto porque intentar que el consumidor lo pague subiendo precios hará que los clientes lo sustituyan, por otro producto o por el mismo que vendan oferentes que no hayan pretendido el traslado. Eliminar el impuesto favorecería al vendedor, que no necesitará absorber el costo tributario para poder vender, y no al consumidor. Un mejor mecanismo es el subsidio directo a los pobres.

Además, si el mecanismo de precios no tiene interferencias los recursos se asignan a los usos más valiosos según la opinión de los consumidores y no de los políticos. No todos los mercados son lo suficientemente competitivos o reducidos en costos de transacción, pero las decisiones políticas suelen distorsionar más que ayudar. Aunque la aplicación de los recursos no sea la misma sin impuestos que con tributos generales puede esperarse que la igualdad de tratamiento tributario genere menos ineficiencia.

En lo criticable de la posición del FMI aparece la idea de aportar al resultado fiscal logrando que pague impuesto a las ganancias el 20 por ciento de los trabajadores en relación de dependencia, cuando hoy está alcanzado alrededor del nueve por ciento. Ahí aparece Alberto Fernández: durante su gobierno tributaba ganancias un 23 por ciento de los empleados. El método era sencillo, no actualizar el mínimo no imponible. La inflación hacía el resto. Los salarios subían en valor nominal tratando de seguir el IPC, el mínimo no imponible no se movía, y por el mero paso del tiempo cada vez más trabajadores pagaban el impuesto. Durante el jubileo de Sergio Massa candidato la reforma de la ley llevó la cifra de alcanzados al tres por ciento fruto de pura demagogia, no de “justicia social”. Y con el actual gobierno la norma fue cambiada introduciendo más razonabilidad en los conceptos para el cálculo y, en especial, disponiendo que el mínimo no imponible se actualice por inflación cada seis meses. Así, periódicamente algunos trabajadores reciben una devolución de impuestos si les fue retenido de más por los rezagos del recálculo. De esta manera, la base imponible responde más al poder adquisitivo real que al nominalismo inflacionario.

Al margen, los aportes jubilatorios no cubren todos los egresos previsionales por lo que se acude a rentas generales. O sea, puede considerarse que aquellos aportes se funden en la recaudación global y que en realidad todos los asalariados pagan un impuesto sobre el sueldo bruto.

De regreso, podrá discutirse qué nivel de mínimo no imponible representa una capacidad contributiva aceptable, pero la meta no puede ser sólo recaudar. Cómo se logra el resultado fiscal es importante. Tal es el punto a considerar ante las declaraciones de políticos kirchneristas. Algunos sostienen que el superávit fiscal no se discute. Puede ser porque perciban que más personas consideran de sentido común no gastar más de lo que ingresa y eso podría definir votos, puede ser por genuino realismo. Pero lo hacen con un mantra: superávit como el de Néstor.

Sin embargo, aquél ocurrió bajo circunstancias muy especiales gracias al ajuste de Eduardo Duhalde con la enorme reducción de salarios reales por la devaluación del peso y la renacida inflación, el default de la deuda que implicó menor necesidad de pagos (también la expulsión del mercado crediticio e inversor internacional) y el aumento de impuestos y el superciclo de commodities durante la gestión de Néstor Kirchner. Tal contexto produjo superávit aunque también aumento del gasto público que empujó la economía aprovechando las inversiones de los 90. Pero duró poco. Las mismas medidas oficiales desalentaron la inversión y cuando se acabó el exceso de capacidad instalada sin uso la economía se recalentó. De allí la manipulación del Indec y el déficit en el período de Cristina Fernández. No cualquier superávit sirve y no tiene sentido agotar uno excepcional aumentando gasto permanente que no tiene cómo sostenerse.

Hoy la economía y la política requieren que las personas gasten y también ahorren. Sería errado simplemente “apretar” para que más empleados paguen ganancias. Más bien debería pensarse en equiparar la situación tributaria entre relación de dependencia y autónomos para eliminar una distorsión no sólo injusta sino desalentadora del espíritu emprendedor y sostener las bases para el aumento de productividad. Porque habrá más empleados pagando ganancias cuando sus sueldos aumenten en términos reales.