Una denuncia por presunto lavado de activos por parte de un ex empleado de la Obra Social del Personal de Prensa de Tucumán (Osppt) genera revuelo, trasciende los límites de la provincia y tiene versiones cruzadas. La presentación fue realizada ante la Justicia Federal y otros organismos nacionales. El fiscal afirmó que la acusación fue ratificada y que puso la investigación en marcha, algo que fue rechazado por el denunciante. En tanto que la institución respondió que es una denuncia falsa con el supuesto fin de coacción por el despido.

El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, titular por subrogancia legal de la Fiscalía Federal N° 1 de Tucumán, aseguró a LA GACETA que fue ratificada la denuncia que presentó en febrero el médico José Alberto Gijena. “Se hizo la denuncia, se invitó al denunciante a que la ratifique y así lo hizo”, expresó. Señaló que, a partir de allí, se puso en marcha una serie de pedidos de informes a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a otros organismos, al tiempo que rechazó que el caso esté paralizado. “Si el resultado es positivo, se va a pedir la indagatoria y se citará a declarar a los denunciados”, desarrolló.

“No le conozco la cara”

El denunciante, sin embargo, dio otra versión de los hechos. En diálogo con este diario aseguró que no fue citado por la Fiscalía desde entonces. “Nunca me llamaron; hasta acá no le conozco la cara al fiscal”, remarcó. Además, afirmó que tiene previsto pedir medidas al juez por supuesta inacción del fiscal.

Gijena radicó una denuncia penal contra el presidente de la obra social, Walter Salvador Alú, y el coordinador general de la institución, Héctor Armando Heredia. Acusó a ambos de “ser responsables de la comisión de delitos consistentes en el desvío de fondos de la obra social para beneficios personales en detrimento de la función que debe tener la obra social, que es dar la cobertura adecuada a sus beneficiarios”, según se asentó en el escrito.

En la declaración, el médico tocoginecólogo relató que en diciembre de 2025 tuvo una reunión con Alú en su oficina. Según el escrito de la Fiscalía Federal N° 1, contó que el directivo supuestamente le explicó cómo hacen para desviar fondos de la Osppt para uso personal a través de la adquisición de facturas apócrifas y detalló el procedimiento. Declaró que se le requirió elaborar un plan como director médico de la obra social para no dar coberturas de medicación de alto costo y hacer algo similar con las cirugías onerosas, lo cual supuestamente ahorraría unos $900 millones mensuales. Dijo que presuntamente le ofrecieron un 20% de participación, y que respondió “profundamente no”, que le era imposible hacer algo así.

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Gijena agregó que, una semana después, le llegó una carta documento en la que se le notificó que no podía seguir trabajando en la Osppt por supuesta incompatibilidad con un emprendimiento personal. Aseguró que nunca se le pagó una indemnización, sino una liquidación parcial, por lo que acudió al abogado laboralista Sebastián Rodríguez Rueda.

El denunciante mencionó que creció el número de denuncias y reclamos en la obra social desde enero de 2024, que supuestamente los denunciados habrían registrado un importante crecimiento patrimonial. Dijo también que, desde entonces, la obra social habría perdido un 50% de sus afiliados: que eran unos 55.000 y bajaron a 25.000, con muchos juicios y amparos para acceder a las coberturas.

Gijena hizo una presentación muy similar ante la Unidad de Información Financiera (UIF), con precisiones sobre complicaciones que habría sufrido algunos beneficiarios. “La Osppt ha sido notificada en múltiples oportunidades sobre la urgencia de diversos casos, y su persistencia en el incumplimiento demuestra un desprecio absoluto por la autoridad judicial y la vida humana”, embistió el denunciante.

Rechazo de Prensa

La Asociación de Prensa de Tucumán (APT) y Osppt, en tanto, emitieron en las últimas horas un comunicado institucional en el que se rechazó “categóricamente las acusaciones formuladas”, al tiempo que mencionaron que dichas denuncias “carecen de todo sustento fáctico y documental”. En cuanto a Gijena, señalaron que trabajó en la obra social durante años, pero que “fue despedido con justa causa” tras haberse detectado que supuestamente desempeñaba funciones de manera paralela en otra firma de salud, algo que el médico negó a este diario. “Dicha conducta, agravada por la promoción pública que el ex empleado realizaba de esa nueva empresa de salud mientras mantenía su vínculo laboral con nosotros, constituyó una grave falta ética y una violación a los deberes de lealtad y exclusividad”, plantearon en el comunicado. Y expusieron: “desde la institución entendemos que estas acusaciones no son más que una denuncia falsa, movida por un evidente tinte vengativo y despecho laboral. Se trata de una clara maniobra de presión cuyo único objetivo es coaccionar a la institución para obtener recursos económicos de manera indebida”. En el texto también se aseguró que el presidente de la institución se presentó oportunamente y de forma voluntaria ante la justicia competente, poniendo a disposición la documentación necesaria para el esclarecimiento de los hechos. Se añadió que la obra social “continúa trabajando con normalidad”, garantizando las prestaciones y servicios para sus afiliados.

A su vez, se difundió un video del secretario general de la APT y el vicepresidente de la Osppt, Oscar Gijena, hermano del denunciante. Mencionó que el médico trabajó para la institución de salud durante casi dos décadas y que actualmente tramita un juicio laboral, cuya demanda -afirmó- fue presentada el pasado viernes. “Llamativamente, luego de la presentación del juicio laboral, sale esta noticia. No puedo dejar de relacionar ese juicio laboral con esta denuncia que también se hizo en los ámbitos federales en el mes de febrero”, mencionó, y aseguró que darán las explicaciones del caso a la justicia.

Según el titular de la APT, la denuncia de su hermano “no se ajusta a la verdad”. En cuanto a la situación de la obra social de los trabajadores de prensa, Oscar Gijena mencionó que existe contra ella una “guerra comercial feroz” por parte de empresas prepagas. “Hemos crecido muchísimo y atravesamos los mismos problemas que atraviesa todo el sistema de salud, por falta de financiamiento y de recursos”, dijo.