Manuel Adorni inicia la semana más crítica de su gestión. El jefe de Gabinete enfrenta un frente de conflicto múltiple que amenaza con paralizar la agenda oficial: una causa por presunto enriquecimiento ilícito que gana velocidad en los tribunales, un intento de interpelación en el Congreso y la creciente inquietud de la administración de Donald Trump sobre la gobernabilidad del país.
En los tribunales de Comodoro Py, el juez Ariel Lijo aceleró la producción de pruebas. Si bien no se prevé una indagatoria inmediata, la justicia ya rastrea el origen de fondos destinados a viajes y propiedades.
El antecedente de Aníbal Fernández en 2015 -citado por el juez Bonadio poco antes de dejar el cargo- sobrevuela la Casa Rosada como un recordatorio del costo político que estas causas imprimen a los ministros coordinadores.
Este desgaste interno obligó al asesor Santiago Caputo a buscar aire en Washington. Ante el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, el estratega oficial buscó calmar los temores republicanos sobre una eventual repetición del escenario de 2019.
El argumento de Caputo fue pragmático. El "blindaje" de las reformas actuales es tan profundo que cualquier intento de desarmarlas por un sucesor peronista sería una tarea de años. Mientras tanto, en Buenos Aires, el Gobierno apuesta a retomar la iniciativa legislativa para evitar que el "caso Adorni" consuma por completo el capital político del Presidente.