La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, incorporó este miércoles nuevos datos sobre los gastos realizados en el country Indio Cuá, donde el funcionario alquiló una vivienda mientras se desarrollaban las refacciones de una propiedad que compró en el mismo barrio privado.
La novedad surgió tras la declaración testimonial de José Luis Rodríguez, propietario de la casa ocupada por Adorni y su familia, quien aseguró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que el funcionario pagó un total de U$S21.000 en efectivo por 18 meses de alquiler.
Según trascendió de fuentes judiciales, Rodríguez detalló que primero le alquiló la vivienda durante enero y febrero de 2024 por U$S5.600. Luego firmaron un contrato por otros 13 meses, por un monto de U$S13.000, y posteriormente acordaron extender la locación durante tres meses más a cambio de US$2.400 adicionales.
Según el diario "La Nación", Rodríguez se retiró de la fiscalía de Pollicita acompañado por un efectivo de la Policía Federal (PFA).
El propietario sostuvo además que esta última extensión se realizó de manera verbal y sin contrato formal, debido a las demoras en la obra que el contratista Matías Tabar llevaba adelante en la casa adquirida por Adorni en el country.
La Justicia ya tenía registrado el contrato de alquiler por U$S13.000, luego de la declaración de Tabar, quien también aseguró haber realizado una remodelación integral de la vivienda comprada por el funcionario por un monto de U$S245.000. Los trabajos incluyeron reformas estructurales, remodelación de pileta, cocina, pisos y mobiliario.
De acuerdo con la testimonial de Rodríguez, todos los pagos vinculados al alquiler se realizaron “en efectivo y en moneda extranjera”, una modalidad que también apareció en otras declaraciones incorporadas al expediente que investiga los movimientos patrimoniales de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.
La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien ordenó distintas medidas de prueba, entre ellas el análisis del teléfono celular del contratista y el levantamiento del secreto fiscal ante ARBA para reconstruir pagos y movimientos patrimoniales del matrimonio.
En paralelo, el expediente también sumó información sobre gastos por $14 millones en muebles para el departamento que la familia posee en el barrio porteño de Caballito. Según declaró Tabar, esos trabajos también habrían sido abonados en efectivo y sin facturación formal.
La investigación además incorporó pedidos de información sobre movimientos con criptomonedas y operaciones realizadas a través de billeteras virtuales, consignó el diario "Ámbito".