Una nueva modalidad de estafa que comenzó a expandirse en Tucumán, que ya tiene más de una decena de víctimas. Los delincuentes simulan ser efectivos de la Policía Federal, contactan a las víctimas mediante mails o llamados telefónicos, les aseguran que están siendo investigadas por delitos vinculados principalmente de abuso sexual infantil y les exigen dinero a cambio de frenar las supuestas causas judiciales.

Según explicó el abogado Sebastián Bauque, se trata de una actividad delictiva que comenzó a crecer el año pasado, pero que se intensificó en los últimos meses con dos modalidades específicas. La primera consiste en el envío de correos electrónicos atribuidos falsamente a la Policía Federal, utilizando la dirección “policiafederalargentina@gob.ar”. En esos mensajes les informan a las víctimas que, tras rastrear la dirección IP de sus computadoras, habrían detectado imágenes ilegales o movimientos sospechosos relacionados con delitos sexuales. “Te dicen que están haciendo una investigación en tu contra y que si querés solucionarlo tenés que comunicarte urgente. Tienen un relato tan convincente que la víctima, por más de que sabe que no cometió ningún delito, se asusta y cae en la trampa”, dijo el profesional.

La segunda modalidad se desarrolla principalmente a través de Facebook y aplicaciones de citas. Allí los estafadores crean perfiles falsos de mujeres jóvenes o menores de edad, comienzan conversaciones con las víctimas, generan confianza y posteriormente solicitan fotos íntimas o intercambian contenido privado. Minutos después aparece un supuesto familiar o un falso policía que asegura que la víctima de la estafa estuvo hablando con una menor y que existe una denuncia penal en su contra. “Generalmente llaman diciendo que son de una comisaría de Buenos Aires y que un padre denunció que le enviaron fotos a su hija menor de edad”, sostuvo Bauque.

En ambos casos, según describió el abogado, los delincuentes terminan exigiendo dinero para cerrar la supuesta investigación judicial y evitar allanamientos o detenciones. “Es un mecanismo muy preparado. Se escucha hasta el handy policial de fondo, hablan como policías y manejan toda una puesta en escena para asustar a la persona”, explicó. Incluso relató que algunas víctimas grabaron las conversaciones y que en los audios se escuchaban supuestos radiollamados y diálogos simulando procedimientos policiales.

De acuerdo con Bauque, los pagos se realizan mediante transferencias a billeteras virtuales y no a cuentas bancarias tradicionales. Los estafadores envían CBU asociados generalmente a personas jóvenes, con documentos de identidad de numeraciones recientes, y luego el dinero es distribuido rápidamente a otras cuentas para dificultar el rastreo. “Son billeteras virtuales que cualquiera puede abrir fácilmente, a diferencia de las bancarias donde se piden mayores pasos de autenticación. Una vez que uno deposita, la plata desaparece y empiezan a moverla entre distintas cuentas para borrar rastros”, detalló.

Información

El abogado también advirtió sobre el nivel de información personal que manejan las bandas para manipular a las víctimas. Según explicó, los delincuentes conocen domicilios, lugares de trabajo, nombres de familiares e incluso datos sobre hijos menores de edad. “Tienen acceso a una base de datos muy fuerte. A uno de mis clientes llegaron a decirle en dónde trabaja, dónde vive, cómo se llaman sus hijas y hasta a qué escuela iban. Hacen eso con la mayoría y entonces la persona entra en pánico”, afirmó.

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En ese sentido, señaló que los estafadores aprovechan el miedo y el estado de vulnerabilidad para aislar a quienes contactan. “Les dicen que no hablen con nadie, que no llamen a nadie y que manejen todo por ese medio. Intentan manipular psicológicamente a la víctima para que no pida ayuda y se descubra la verdad”, agregó.

Bauque sostuvo además que muchas personas no se animan a denunciar este tipo de hechos por vergüenza o temor a la exposición pública. Según explicó, varias víctimas prefieren no iniciar acciones judiciales para evitar que sus nombres queden vinculados a causas relacionadas con pornografía infantil o intercambios de fotos íntimas. “Esto pasa principalmente con aquellos que no llegaron a transferir el dinero. Normalmente desisten de la acción penal para evitar problemas familiares o laborales y cambian el número de teléfono, cierran sus cuentas de redes sociales o incluso se mudan. También hay víctimas que caen en la estafa, pero que prefieren perder la plata antes que atravesar toda la exposición y someterse a un proceso judicial”, indicó.

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Finalmente, el abogado recomendó desconfiar inmediatamente de cualquier comunicación en la que supuestos policías, fiscales o funcionarios judiciales pidan dinero para frenar investigaciones penales. “La Justicia no funciona así. Nadie te pide plata para cerrar una causa ni para evitar una detención”, remarcó. También aconsejó no responder mails sospechosos, no brindar datos personales, no enviar dinero ni continuar conversaciones con desconocidos. “Lo primero que hay que hacer es cortar la comunicación y denunciar el hecho en una comisaría o en las fiscalías especializadas en estafas”, concluyó.