En un nuevo capítulo de la creciente tensión entre la Casa Rosada y la conducción de Claudio "Chiqui" Tapia, los veedores designados por el Ministerio de Justicia de la Nación no pudieron ingresar este miércoles a la sede histórica de la calle Viamonte. El operativo, que buscaba dar inicio a una fiscalización de 180 días sobre los balances y contratos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), terminó con una nota dejada por debajo de la puerta y un conflicto de jurisdicciones que promete escalar a la Justicia.
El abogado Diego Coste y el contador Miguel Pappacena, enviados oficiales del Gobierno, llegaron a las 13 a la sede central con el objetivo de requerir documentación contable y administrativa. Sin embargo, se encontraron con el edificio cerrado y un cartel que indicaba que la administración debía buscarse en un predio de Pilar, en la provincia de Buenos Aires.
El conflicto por el domicilio y los US$ 450 millones
La Inspección General de Justicia (IGJ) sostiene que la AFA ha fallado en explicar inconsistencias por USD 450 millones en sus balances de los últimos ocho años. Además, el Gobierno investiga la creación de una universidad no registrada y contratos con empresas bajo la lupa por presunto lavado de dinero, como TourProdEnter y SurFinanzas.
El intento de la AFA de trasladar su sede social a Pilar es visto por el Ministerio de Justicia como una "maniobra de evasión" para salir de la órbita de control de la IGJ (que tiene competencia en CABA) y pasar a la jurisdicción bonaerense. Esta mudanza ya había sido rechazada por el organismo estatal al constatar que en el predio de Pilar no existen instalaciones administrativas operativas.
"Veeduría, no intervención"
Desde el Ministerio de Justicia, ahora bajo la órbita de Juan Bautista Mahiques, aclararon que la medida no constituye una intervención directa que desplace a las autoridades, sino una veeduría administrativa para garantizar el acceso a la información. "Las irregularidades están por verse, no se saben", señalaron los técnicos tras el fallido intento de ingreso.
El cronograma de los veedores incluyó también una visita a la sede de la Superliga en Puerto Madero, donde también se requirió acceso a libros societarios y registros internos.
Tensión política y judicial
La ofensiva oficial se da en un contexto de máxima confrontación. A las investigaciones de la IGJ se suman las denuncias penales tributarias impulsadas por ARCA (ex AFIP) por presuntas irregularidades en aportes de seguridad social, radicadas en la Justicia Penal Económica.
Mientras en el entorno de Tapia denuncian una "persecución política" que busca vulnerar la autonomía del fútbol argentino, desde el Gobierno aseguran que solo se busca transparencia en una estructura que maneja fondos millonarios y contratos internacionales opacos. Tras el desplante de este jueves, los veedores elevarán un informe al Ministerio de Justicia, que decidirá los próximos pasos legales para forzar el acceso a los libros contables.