La administración de Donald Trump enfrenta un muro legal decisivo. Al cumplirse 60 días del inicio de las hostilidades con Irán, el Ejecutivo alcanza el límite establecido por la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que prohíbe mantener operaciones militares sin la autorización formal del Congreso. Sin embargo, la Casa Blanca ya maniobra para esquivar el mandato legislativo.
El conflicto, que estalló el 28 de febrero tras ataques conjuntos de EE. UU. e Israel, se encuentra en un limbo jurídico. Mientras el Pentágono sostiene que el frágil alto el fuego vigente "pausa" el reloj de los 60 días, la oposición demócrata califica la interpretación de "ilegal".
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió ante el Senado que la tregua técnica exime al gobierno de retirar las tropas o pedir permiso, una postura que no convence a los constitucionalistas.
En el Capitolio, la fractura es total. Pese al férreo control republicano, figuras como Rand Paul y Susan Collins han mostrado grietas en la disciplina de partido al cuestionar la falta de una estrategia de salida.
Mientras tanto, el costo de la guerra ya se estima en 25.000 millones de dólares y el cierre del estrecho de Ormuz empieza a golpear los precios del combustible en EE. UU., al convertir el conflicto en una vulnerabilidad electoral interna.