En un escenario de tensión institucional y a menos de tres semanas de su cita con la justicia, el abogado Luis Alejandro Ontiveros ha decidido pasar a la ofensiva contra el magistrado que tiene en sus manos su destino procesal. Mientras el reloj corre hacia el 15 de mayo, fecha en la que deberá comparecer como imputado por presunto tráfico de influencias, el letrado formalizó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación contra el juez federal José Manuel Díaz Vélez, a quien acusa de mal desempeño y prevaricato en el marco de la investigación vinculada con la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

La presentación de Ontiveros ante el órgano encargado de sancionar a los magistrados es contra Díaz Vélez, flamante titular del juzgado federal N° 3, pero que a su vez, como subrogante, tiene a su cargo el juzgado federal N° 1 en el cual está la causa contra. En su escrito, al que tuvo acceso LA GACETA, el abogado sostiene que el juez ha incurrido en un "incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y negligencia grave". Según la tesis de la defensa, liderada por el abogado Miguel Angel Pierri, el magistrado ha convalidado una "persecución política y mediática" al autorizar medidas que Ontiveros califica de ilegales, como el levantamiento del secreto bancario y el rastreo de bienes que involucran a su entorno familiar, especialmente a su pareja, la abogada Solana Casella relatora del camarista Mario Leal y aspirante a titular del juzgado federal N° 1..

El expediente se originó hace un año tras la denuncia de Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, un funcionario de ARCA que aseguró que Ontiveros le exigió sumas de hasta 180.000 dólares para favorecer a su hijo Jerónimo en un proceso penal. La acusación del fiscal Agustín Chit apunta a que el abogado vendía una influencia "aparente" basada en su estrecho vínculo con el camarista Leal, de quien se presentaba como sobrino y con quien compartía bienes y tarjetas de crédito. Sin embargo, en su denuncia ante el Consejo, Ontiveros afirma que el juez Díaz Vélez “ha permitido que la fiscalía incurra en una evidente expedición de pesca, violentando garantías constitucionales básicas de defensa en juicio".

Uno de los puntos más ríspidos de la denuncia radica en la comparación que Ontiveros realiza con otros procesos llevados adelante por el mismo magistrado. El abogado señala una supuesta “selectividad” en la rigurosidad investigativa de Díaz Vélez, mencionando específicamente el caso de Felipe ‘el militar’ Sosa. “Resulta imperioso investigar si las conductas aquí denunciadas aparecen en causas sensibles relacionadas al narcotráfico, donde el mismo magistrado habría tenido un criterio de laxitud que contrasta con la arbitrariedad manifiesta que aplica en mi contra”, afirma el denunciante.

La estrategia de Ontiveros, en pugna con la querella representada por Juan Andrés Robles, busca instalar que existe un "fraude a la ley" en la instrucción. Según el escrito, hay un “linchamiento mediático” que tiene como objetivo final dañar la postulación de Solana Casella. Ontiveros afirmó que “el magistrado denunciado ha perdido la objetividad necesaria, convirtiéndose en un ariete de intereses extraprocesales que buscan condicionar las ternas del Consejo de la Magistratura”.

El documento presentado ante la Comisión de Acusación solicita que se investigue si Díaz Vélez incurrió en el delito de prevaricato, alegando que dictó resoluciones contrarias a la ley basándose en hechos falsos o distorsionados por el denunciante. “Se ha convalidado un relato plagado de inconsistencias técnicas, como la identificación errónea de vehículos y la falsedad en la ubicación de antenas de telefonía, lo que demuestra una negligencia grave en la valoración de la prueba de cargo”, sostiene Ontiveros en su acusación contra quien debe indagarlo en pocos días.

A lo largo de las 24 páginas del escrito, se solicita además que el Consejo de la Magistratura oficie al Juzgado Federal de Tucumán para certificar la autenticidad de una serie de resoluciones que el imputado considera arbitrarias. Para Ontiveros, la decisión de levantar el secreto fiscal y financiero sin una prueba directa de entrega de dinero constituye una "invasión a la privacidad sin precedentes en la justicia local". Esta medida, ratificada recientemente por Díaz Vélez pese a la oposición de la defensa, es vista por el denunciante como una maniobra para “buscar cualquier delito ante la imposibilidad de probar el tráfico de influencias original". En su embestida contra el juez Díaz Vélez, Ontiveros considera la instrucción como viciada de parcialidad. “El magistrado denunciado ha permitido que la fiscalía incurra en una evidente expedición de pesca, violentando garantías constitucionales básicas de defensa en juicio y convirtiendo el proceso en un escenario de inquisición patrimonial”, dice un fragmento de su denuncia ante el Consejo de la Magistratura. "Resulta arbitrario y temerario que se pretenda rastrear la ruta de un dinero que el propio denunciante reconoció no haber entregado jamás, desvirtuando el objeto procesal para transformarlo en una persecución personal", agrega.

El fiscal Chit sostiene la imputación basándose en evidencias entre las que sobresalen las geolocalizaciones de los teléfonos celulares, que sitúan al imputado en los mismos bares y horarios relatados por el denunciante Martínez Salazar Pérez, y una captura de pantalla hallada en el dispositivo de Ontiveros con información sensible de la causa que involucra al hijo del denunciante, según se supo. A esto se suma la línea investigativa sobre el patrimonio compartido: la fiscalía ha puesto especial énfasis en el requerimiento al Registro Inmobiliario para determinar la titularidad del inmueble en el Barrio Privado Alto Verde donde residen Ontiveros y Casella, bajo la sospecha de que la propiedad, al igual que los vehículos oficiales y las tarjetas de crédito del camarista Leal, forman parte de una estructura de beneficios que el abogado utilizaba para demostrar su llegada a los tribunales federales.

Ontiveros intenta golpear la figura del juez instructor, alegando que "el Dr. Díaz Vélez ha convertido la investigación en un dispendio jurisdiccional orientado a la destrucción del buen nombre y honor de una familia, sin aportar una sola evidencia que vincule un pedido de dinero con una resolución jurisdiccional". Ontiveros plantea un "temor de parcialidad" o enemistad manifiesta. Sin embargo,el magistrado mantiene su competencia y el cronograma procesal sigue firme, mientras los informes de ARCA y los bancos comienzan a llegar al despacho de la fiscalía de Chit.