Federico Sturzenegger enviará en junio al Congreso nacional un proyecto de desregulación del mercado inmobiliario, con el objetivo de reducir costos en las operaciones de compraventa, flexibilizar el funcionamiento del sector y fomentar una mayor competencia.
El funcionario mileísta profundizó ese planteo y sostuvo que la iniciativa apunta a lograr “una notable reducción en los costos de compraventa” a partir de una "simplificación" del marco regulatorio. Además, remarcó que la intención oficial es reducir la intervención estatal en un mercado que definió como naturalmente dinámico.
Durante un encuentro del sector realizado en Puerto Madero, en Capital Federal, que reunió a desarrolladores, brokers, consultores y referentes del real estate, Sturzenegger defendió la desregulación como una herramienta para dinamizar la actividad. En ese marco, anticipó que el proyecto incluirá cambios estructurales en el funcionamiento del negocio inmobiliario, consignó el diario "Ámbito".
Según explicó, la propuesta busca desmontar regulaciones y privilegios que, desde la visión oficial, actúan como barreras para la competencia y elevan los costos de las transacciones. La apuesta del gobierno de Javier Milei es que una menor intervención estatal contribuya a agilizar operaciones y abaratar tanto la compra como la venta de propiedades.
Sturzenegger impulsa esta iniciativa, tras la eliminación de la ley de alquileres nacional y en medio de los fuertes aumentos justamente de los arrendamientos en Tucumán y el resto del país, por encima de la inflación registrada en lo que va de la gestión de Milei.
Barrio Norte crece y se transforma: edificios que generan gimnasios, bares y comerciosLa reforma forma parte del paquete de desregulaciones que impulsa la administración libertaria y ubica ahora al mercado inmobiliario como uno de los próximos sectores alcanzados por esa agenda de cambios.
Los ejes
Entre los principales ejes del proyecto figura una revisión del rol de los colegios inmobiliarios. La iniciativa apunta a limitar regulaciones que, según el oficialismo, funcionan como barreras de entrada, fijan pisos de honorarios o restringen la competencia, en un punto que ya genera resistencia entre corredores y entidades profesionales.
También se analizan cambios en el corretaje para habilitar formatos de intermediación más flexibles, abrir espacio a nuevos modelos de negocios y permitir una mayor competencia vía menores comisiones. El argumento oficial es que hoy existen costos “artificiales” que encarecen las operaciones.
Otro de los focos está puesto en bajar el costo transaccional de comprar o vender una propiedad. Honorarios, tasas, aportes y otras cargas que impactan sobre cada operación podrían quedar bajo revisión, con la intención de abaratar escrituras y simplificar procesos.
La propuesta también se vincula con la apuesta oficial por reactivar el crédito hipotecario y mejorar las condiciones para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, en un intento por generar un mercado con mayor financiamiento, más oferta y menores costos.
Uno de los aspectos más sensibles es la posible flexibilización del sistema de matriculación obligatoria para ejercer el corretaje inmobiliario. Actualmente, la actividad exige inscripción en colegios profesionales y el cumplimiento de requisitos formales.
En el sector surgieron rápidamente cuestionamientos. Marta Liotto, presidenta del Colegio Inmobiliario porteño y titular del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci), advirtió que “la matrícula profesional garantiza formación, control y seguridad en las operaciones” y sostuvo que su eliminación “podría desproteger a los ciudadanos”.
En contraste, Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi), consideró que una flexibilización podría abrir un cambio profundo en la dinámica del sector. Según señaló, un mercado más abierto generaría mayor competencia y presión sobre las comisiones, obligando a competir por valor agregado en servicios, tecnología, velocidad de cierre y experiencia del cliente.