El secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, presentó este domingo su renuncia al cargo, en medio de la controversia generada por la omisión de una serie de propiedades en el exterior en su declaración jurada. La dimisión fue aceptada por el titular de la cartera económica, Luis “Toto” Caputo, según confirmaron fuentes oficiales.

La salida del funcionario se produjo pocos días después de que se hiciera público que no había informado siete inmuebles ubicados en Miami y Palm Beach, adquiridos entre 2020 y 2022 a través de sociedades de responsabilidad limitada constituidas en Delaware, Estados Unidos. El caso derivó en cuestionamientos sobre la transparencia en el ejercicio de la función pública, además de denuncias radicadas tanto en la Justicia federal como en la Oficina Anticorrupción.

En declaraciones recientes al periodista Nicolás Wiñaski, Frugoni admitió la omisión. “Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”, sostuvo.

Al menos cinco de las propiedades fueron identificadas en registros oficiales del condado de Palm Beach, con valores que oscilan entre U$S 215.000 y U$S 216.000. Entre ellas figuran el apartamento 626 de 5187 Oak Hill Lane en Delray Beach; el departamento 309 de 300 Waterway Drive South en Lantana; una unidad en 13212 Glenmoor Drive en West Palm Beach; el departamento 203 de 3516 Whitehall Drive en West Palm Beach; y el apartamento 125 de 3605 South Ocean Boulevard en South Palm Beach.

Especialistas señalaron que las operaciones inmobiliarias se realizaron mediante sociedades como Genova y Waki, constituidas en Delaware en 2021 y 2025, respectivamente, y que no fueron informadas ante las autoridades argentinas. Frugoni argumentó que hasta entonces tributaba únicamente en Estados Unidos, aunque aseguró que regularizaría su situación al asumir funciones en el país.

De acuerdo con la investigación, en 2019 el funcionario había declarado U$S 98.000 en efectivo y tres millones de pesos en acciones. Tras las adquisiciones en el exterior, en 2023 sus participaciones accionarias superaron los 40 millones de pesos, además de consignar inversiones en 16 empresas y depósitos por U$S 400.000 fuera del país.

Las revelaciones motivaron denuncias impulsadas por el abogado Alejandro Díaz Pascual y el legislador Facundo Del Gaiso. Las causas quedaron radicadas en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas, e involucran presuntos delitos vinculados al ocultamiento de un patrimonio superior a U$S 1,5 millones.

A esto se suman antecedentes en el ámbito administrativo. La Oficina de Integridad Pública porteña sancionó a Frugoni en reiteradas oportunidades por incumplimientos en la presentación de declaraciones juradas, lo que derivó en una inhabilitación temporal para ejercer cargos en la administración de la Ciudad de Buenos Aires.

Del Gaiso también cuestionó públicamente al ex funcionario a través de la red social X. “Gran año el 2022 para Frugoni. Después de comprar 7 propiedades en Miami y olvidarse de declararlas, le sobró dinero para que en el año 2023 haga inversiones en 16 empresas por 40 millones de pesos, con el dólar a $200”, expresó. Además, señaló que percibía ingresos del Estado mientras giraba fondos personales al exterior.

En el ámbito oficial, el caso generó fuertes repercusiones. Durante la semana, un alto funcionario calificó la situación como “gravísima” y sostuvo que Frugoni “tiene que explicarlo”. Otras voces consultadas remarcaron la diferencia con antecedentes recientes y cuestionaron la magnitud de los bienes no declarados.

“Nos llama la atención que los medios sean tan diferentes con el que es un escándalo en serio que con lo que fueron con Manuel, que todos saben que es una pelotudez sin corrupción ni omisión”, señalaron a Infobae desde el entorno presidencial. Otro funcionario agregó: “Estás comparando siete casas en Miami con dos propiedades en Argentina. Tiene que aclarar el tema”.

En el Gobierno, el episodio fue interpretado como un caso testigo sobre la necesidad de declarar la totalidad de los bienes, incluidos aquellos radicados en el exterior, para cumplir con las exigencias legales vigentes en Argentina.