El Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas es una guía internacional que establece cómo deben investigarse las muertes ocurridas en circunstancias sospechosas, especialmente cuando existe la posibilidad de que haya intervenido el Estado. Elaborado por la Organización de las Naciones Unidas, el documento fija estándares que buscan garantizar investigaciones independientes, imparciales y eficaces. Es la herramienta que decidió utilizar el fiscal Gerardo Salas para avanzar con la investigación.

El sistema se aplica en casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, muertes bajo custodia o situaciones en las que existan indicios de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales. Su objetivo principal es evitar encubrimientos y asegurar que se identifique a los responsables, a partir de procedimientos claros y rigurosos.

Entre sus principales lineamientos, establece la necesidad de preservar la escena del hecho, recolectar pruebas de manera adecuada y realizar autopsias con criterios científicos. También indica que deben tomarse declaraciones a testigos, resguardar la cadena de custodia de las evidencias y garantizar la participación de peritos independientes en el proceso. Otro aspecto central es la protección de los derechos de las víctimas y de sus familiares.

Acceso a la información relevante

El protocolo señala que deben ser informados sobre el avance de la investigación y tener acceso a la información relevante, además de contar con garantías para evitar represalias o presiones. En la práctica, su aplicación implica que las fuerzas de seguridad involucradas no intervengan directamente en la investigación, que queda en manos de organismos especializados.

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De este modo, se busca asegurar la objetividad del proceso y fortalecer la credibilidad de los resultados. Por esa razón, personal del Equipo Científico de Investigación Fiscal son los que realizan las medidas ordenadas por el fiscal Gerardo Salas. Aunque no es una norma obligatoria, el Protocolo de Minnesota se ha convertido en un estándar de referencia a nivel internacional. En países como Argentina, suele utilizarse en investigaciones sensibles, donde se pone en juego la responsabilidad estatal y la necesidad de garantizar transparencia y acceso a la justicia.

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No es la primera vez que el Ministerio Público recurre a este protocolo. La jubilada fiscal Adriana Giannoni lo utilizaba para investigar los ilícitos que cometieron policías. Su colega, Mónica García de Targa lo usó en el crimen del trabajador rural Luis Armando Espinoza, asesinado en mayo de 2020, en el sur de la provincia.