El frente judicial para la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino sumó este viernes otro capítulo. El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó la detención del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en el marco de una investigación que busca determinar el origen de millonarios bienes adquiridos en esa provincia.

Según informó Infobae, la imputación, que se desprende de una causa iniciada en diciembre de 2025, acusa a ambos dirigentes por los delitos de asociación ilícita agravada y lavado de activos. Se sospecha de una estructura montada para desviar fondos provenientes del fútbol argentino hacia sociedades vinculadas a Toviggino y su círculo íntimo en territorio santiagueño, de donde es oriundo el tesorero.

La lupa sobre el patrimonio y las sociedades

La nota publicada en Infobae también detalla que la investigación de Simón pone el foco en un patrimonio compuesto por más de 30 propiedades (incluyendo estancias, casas de lujo y lotes) y una flota de vehículos registrados a nombre de distintas sociedades anónimas. Además, la fiscalía detectó inversiones financieras que incluyen plazos fijos, acciones y operaciones con dólar MEP, las cuales no tendrían un sustento patrimonial claro.

Uno de los puntos clave del dictamen es la mención a la firma Real Central SRL, vinculada a Luciano Pantano -señalado como presunto testaferro- y propietaria de una quinta en Pilar valuada en USD 17 millones. También se investiga la relación con la empresa TourProdEnter, del empresario Javier Faroni, por la emisión de facturas a sociedades relacionadas con la tesorería de la AFA.

Medidas de prueba y riesgo procesal

Además de los pedidos de detención, el fiscal Simón solicitó al juez tucumano Guillermo Díaz resolver una serie de medidas urgentes: allanamientos y peritajes contables sobre las sociedades involucradas; la inhibición general de bienes tanto de Tapia como de Toviggino; y la restricción de la libertad ambulatoria de los imputados bajo el argumento de que existe un riesgo de fuga, dada la estructura económica y logística detectada en la pesquisa.

Esta causa en Santiago del Estero, que se originó el 8 de diciembre pasado tras una denuncia recibida vía correo electrónico, se suma a otros expedientes que tramitan en diferentes jurisdicciones, como el que lidera el juez Adrián González Charvay en Campana. Mientras la Justicia determina si los fondos utilizados para estas adquisiciones provienen efectivamente de las arcas del fútbol, la conducción de la AFA afronta uno de los escenarios judiciales más complejos de los últimos años.