La diputada nacional (La Libertad Avanza), Soledad Molinuevo, anunció este martes a través de sus redes sociales que dio cumplimiento a una orden judicial que le exigía eliminar publicaciones consideradas agraviantes hacia el gobernador Osvaldo Jaldo. La resolución, dictada por el juez Pedro Cagna de la Sala V del fuero Civil y Comercial de la Capital, le dio 48 horas para cumplir con la sentencia.
En su mensaje, Molinuevo afirmó que acató la medida únicamente para evitar sanciones penales y económicas, pero lo hizo “bajo absoluta protesta”, calificando la resolución como un caso de “censura previa” y un intento de “disciplinar, amedrentar y silenciar” a quienes ejercen la representación política.
"Estamos ante un claro caso de censura previa. Es profundamente preocupante ver cómo el máximo responsable del Poder Ejecutivo provincial utiliza herramientas judiciales para silenciar a quienes pensamos distinto y ejercemos nuestro rol de control. Este no es solo un ataque a mi persona; es un golpe a la libertad de expresión de todos los tucumanos", escribió la parlamentaria libertaria.
La legisladora sostuvo que la orden judicial “avanza sobre la libertad de expresión, el debate público y el derecho de una diputada nacional a pronunciarse sobre hechos de indudable gravedad institucional”. Además, aclaró que su cumplimiento no implica "reconocimiento alguno de la verdad, razonabilidad o constitucionalidad de la resolución dictada", y confirmó que continuará con el recurso de apelación interpuesto.
"No implica desistir de la apelación interpuesta, ni de las reservas constitucionales y federales ya formuladas, ni de todas las acciones que seguiré impulsando hasta las últimas consecuencias para obtener la revisión y revocación de esta medida", enfatizó.
"Me veo obligada a cumplir una orden que considero lesiva de derechos fundamentales, dictada en un contexto especialmente sensible, donde lo que está en juego no es solamente mi situación personal, sino algo mucho más grave: el intento de disciplinar, amedrentar y silenciar a quien ejerce la representación política y expresa públicamente críticas frente al poder", agregó.
También indicó: "Cuando un gobernador recurre a la Justicia para obtener el silenciamiento de una diputada por sus manifestaciones públicas, no estamos frente a un simple conflicto entre particulares. Estamos frente a un hecho de enorme gravedad institucional, porque lo que se intenta condicionar no es sólo una voz, sino el propio funcionamiento de la democracia y el derecho de la sociedad a escuchar opiniones críticas sobre quienes gobiernan".
Molinuevo agregó que “pueden ordenar borrar algunas palabras de una pantalla, pero jamás van a borrar mi compromiso innegociable con la transparencia y con la defensa de nuestra provincia”, en referencia a su postura frente al caso.
La diputada acumula su tercer revés en este expediente, que cuestiona la tramitación del caso en el fuero ordinario y plantea que debió intervenir la Justicia Federal, argumentando además que la medida vulnera sus prerrogativas constitucionales como miembro del Congreso de la Nación.