La situación clínica del ex ministro Julio De Vido tomó un giro preocupante tras haber sido sometido a una serie de intervenciones cardíacas de urgencia. Su entorno familiar y legal no solo advirtió sobre el deterioro físico del ex funcionario, sino que apuntó directamente contra las condiciones del sistema penitenciario, al denunciar una “grosera disminución” de su expectativa de vida.

Cronología de una urgencia médica

El cuadro se desencadenó el pasado 1 de abril, cuando los médicos del Hospital Interzonal de Ezeiza detectaron una fibrilación auricular. Ante el riesgo inminente, De Vido fue trasladado de urgencia a un centro de alta complejidad en el barrio de Palermo, CABA.

Allí, tras realizarse un ecocardiograma transesofágico y una cardioversión eléctrica para estabilizar su ritmo cardíaco, un cateterismo reveló una situación más compleja: dos lesiones coronarias severas en la arteria descendente anterior y una rama diagonal. Esto obligó a los cirujanos a realizar una angioplastia para la colocación de stents.

Un paciente de alto riesgo

La defensa del ex ministro hizo especial hincapié en que De Vido, de 76 años, es un paciente diabético insulinodependiente. Si bien la condición estaba controlada al ingresar al sistema, advirtiroen que la diabetes actúa como un acelerador de la enfermedad coronaria. 

“Esa posibilidad de descompensaciones agudas debe atenderse con urgencia en cualquier ser humano, más aún cuando se requiere de controles oportunos y eficaces que hoy el sistema no garantiza”, señalaron desde su entorno.

“Crueldad” y cuestionamiento de la condena

La abogada Alessandra Minnicelli fue contundente al calificar la situación como un acto de “crueldad” que agrava el estado de salud de su defendido. Según la letrada, el sistema penitenciario actual es inadecuado para sostener la compensación clínica que De Vido requiere.

Asimismo, la defensa volvió a cuestionar la naturaleza de la condena -como partícipe necesario de administración desleal por omisión-, al alegar una falta de proporcionalidad en la pena. Según sostuvieron, la severidad del régimen de detención no coincide con la tipificación del delito ni con la avanzada edad del exfuncionario.