El ministro de Economía, Luis Caputo, salió al cruce de las críticas tras conocerse que diversos funcionarios del Gobierno y legisladores de La Libertad Avanza (LLA) accedieron a créditos hipotecarios de montos millonarios a través del Banco de la Nación Argentina (BNA). En una entrevista televisiva, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que no existe ninguna irregularidad en estas operaciones y que, por el contrario, él mismo incentivó a su equipo a aprovechar lo que calificó como una “oportunidad única” para el acceso a la vivienda.

La controversia escaló luego de que el diputado socialista Esteban Paulón presentara un pedido de informes en el Congreso, exigiendo explicaciones sobre los préstamos otorgados a figuras del oficialismo. Entre los casos más resonantes aparecen los de Federico Furiase, secretario de Finanzas, y Felipe Núñez, director del BICE, cuyos créditos superan los $367 millones. Ante esto, la oposición busca determinar si existieron condiciones de privilegio en el otorgamiento de estas líneas crediticias por parte de la banca pública.

Caputo rechazó tajantemente cualquier sospecha de favoritismo, argumentando que las condiciones financieras —tasas, plazos y montos— son idénticas para todos los clientes del banco. “Federico Furiase fue a una sucursal y lo sacó como un ciudadano común”, ejemplificó el ministro, quien además subrayó que es lógico que los funcionarios operen con el BNA, ya que es la entidad donde perciben sus haberes mensuales. Según sus datos, los casos vinculados a funcionarios representan menos del 0,2% de los 27.000 préstamos otorgados.

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La situación dentro del gabinete mostró matices con el caso de Leandro Massaccesi, ex jefe de Gabinete de Capital Humano, quien fue desplazado de su cargo tras conocerse que también había tomado un crédito hipotecario. Aunque Caputo aclaró que la ministra Sandra Pettovello no cuestiona la legalidad del préstamo, la decisión de apartarlo habría respondido a que fue una acción de “alto perfil” que no fue consultada previamente, marcando una diferencia de criterio político dentro de las filas oficiales.

La nómina de funcionarios con créditos en el Banco Nación se extiende a otros nombres relevantes, como Emiliano Mongilardi, director de YPF, y los diputados Alejandro Bongiovanni, Lorena Villaverde y Mariano Campero. Las deudas contraídas por estos legisladores oscilan entre los $230 y $280 millones. Para Caputo, este fenómeno no debe ser estigmatizado, sino visto como una señal de normalidad y un motor de justicia social para quienes tienen un trabajo formal.

En esta línea, el ministro insistió en su recomendación de endeudarse para adquirir propiedades en el contexto actual. Argumentó que existe un sobrestock de inmuebles que ha mantenido los precios estables, lo que convierte a los créditos hipotecarios en una inversión ganadora frente a una futura subida de valores. “Es la mayor justicia social: que alguien con trabajo tenga su casa y no deba esperar 40 años para comprarla al contado”, enfatizó.

Proyecciones

Más allá de la controversia por los créditos, el ministro analizó el panorama macroeconómico y advirtió que la inflación de marzo “puede dar un poco más alta” que el 2,9% registrado en febrero. Atribuyó este incremento a factores externos como la guerra en Medio Oriente y su impacto en los combustibles, además del peso estacional del rubro educación por el inicio del ciclo lectivo. Pese a esto, Caputo se mostró optimista respecto al rumbo general del plan económico.

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En una visión contrapuesta a los indicadores de consumo masivo, el funcionario sostuvo que la economía refleja una “fuerte mejora” con picos históricos en el consumo privado. “Los medios tratan de instalar que hay una megarecesión, pero claramente se nota la reactivación”, disparó. No obstante, reconoció que la actividad de marzo podría verse resentida por el contexto internacional, en sintonía con las proyecciones de consultoras privadas que sitúan el IPC por encima del 3%.

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El titular de Economía también se refirió a la caída en la recaudación fiscal, que acumula ocho meses de retroceso. Explicó que esta baja se debe principalmente a la eliminación de tributos como el Impuesto PAIS, aunque admitió que la pérdida de 270.000 empleos formales desde el inicio de la gestión ha impactado negativamente en los ingresos del Estado. Para Caputo, el impuesto a los débitos y créditos es el indicador que mejor refleja la realidad, ya que sigue el ritmo de la inflación.

En cuanto a la Ley de Inocencia Fiscal, Caputo manifestó su confianza en que los dólares “del colchón” eventualmente ingresarán al sistema. Reconoció que aún persiste cierta reticencia por parte de los bancos y de los ahorristas, pero vinculó esta conducta al “temor” por un eventual regreso del kirchnerismo al poder.

Defensa de Campero: “Todo se hizo de manera transparente”

En diálogo con LA GACETA, el diputado nacional y ex intendente de Yerba Buena defendió su decisión y aseguró que actuó como cualquier ciudadano común. En su aclaración, Campero aclaró que el crédito fue gestionado junto a su mujer, bajo las mismas condiciones que cualquier solicitante: evaluación de ingresos, antecedentes financieros y tasación de la propiedad. En este sentido insistió en que no recibió ningún beneficio ni privilegio por su rol como diputado. “No hay ninguna ventana especial. Todo se hizo de manera transparente. La línea que tomamos, UVA, es la misma que cualquier tucumano puede solicitar. No se trata de un favor por ser legislador”, declaró.