El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunció este lunes un cambio en su política de asistencia social al eliminar los planes sociales y crear un nuevo programa “centrado en la capacitación y la inserción laboral”. 

En su cuenta de la red social X (antes X), el jefe de Gobierno Jorge Macri afirmó: "Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones".

"En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. La única salida es el trabajo", agregó. 

La decisión fue oficializada mediante un decreto firmado por el propio mandatario, que establece el traspaso “de un esquema asistencial a uno orientado a la generación de empleo y autonomía económica”.

El nuevo esquema alcanzará a unas 5.000 personas y contempla una transición de un año hasta el cierre definitivo del sistema actual. En ese proceso de revisión, se detectaron y eliminaron 1.274 beneficiarios irregulares. Según datos oficiales, el sistema implicaba un costo anual de $10.000 millones y 85 convenios que ahora serán dados de baja.

Desde el Ejecutivo porteño sostuvieron que la medida busca “dejar atrás 20 años de políticas asistencialistas que no mejoraban la vida cotidiana y no llegaban en todos los casos a quienes realmente lo necesitan”.

Sin intermediarios, los pagos se realizarán de manera directa a los beneficiarios, lo que, según indicaron, permitirá mejorar el control y la transparencia. Además, se establecerán criterios claros de permanencia, como requisitos de residencia, situación socioeconómica y nivel de ingresos.

Detalles del nuevo programa

El programa se basa en la formación educativa, la capacitación laboral, el trabajo con impacto concreto y la vinculación con el sector privado. Para su implementación, se firmaron acuerdos con nueve cámaras empresariales, empresas y universidades.

La participación en instancias de formación será obligatoria. Los beneficiarios deberán avanzar en su educación -cuando corresponda- y cumplir con estándares de desempeño. Quienes no cumplan con estas condiciones dentro del plazo establecido perderán el beneficio.

El sistema se estructura sobre cuatro pilares: la formación obligatoria para sostener la asistencia; un plazo máximo de un año como puente hacia el cierre de la dependencia estatal; la articulación con el sector privado; y criterios claros de elegibilidad.