Lo que comenzó como una celebración de ensueño en las redes sociales, bajo el nombre de "Cafayate Fantasy", derivó en uno de los escándalos judiciales y ambientales más graves de los últimos años en Salta. La boda de la empresaria Nicole Pocoví y el comerciante de autos de alta gama Federico Maran, celebrada el pasado lunes 23 de marzo, se encuentra hoy bajo la lupa de la justicia penal debido a una trama que combina supuestos documentos apócrifos, falta de coordinación estatal y un despliegue de lujo en una zona de máxima protección ambiental.
Cafayate: polémica por un casamiento dentro de una reserva naturalCríticas de la Fiscalía: un sistema que quedó en "ridículo"
La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, quien lidera la investigación, lanzó duras declaraciones contra la Secretaría de Ambiente de la Provincia y la Intendencia de Cafayate. Según la funcionaria, la falta de un sistema de verificación inmediata de permisos habría permitido que los organizadores burlaran los controles con una facilidad alarmante. Rojas fue tajante al señalar que la desorganización institucional terminó haciendo quedar "en ridículo" a los organismos encargados de custodiar el patrimonio salteño, dejando a los agentes de seguridad en una posición de total vulnerabilidad frente a los infractores.
La fiscal explicó que, a pesar de las advertencias previas y las denuncias que ya circulaban, la burocracia estatal jugó a favor del evento. Un desfasaje informático provocó que la denuncia presentada por Ambiente el lunes 23 recién impactara en el sistema judicial el miércoles 25, cuando la fiesta ya había concluido. "Se hizo un terrible evento con una truchada", resumió Rojas, subrayando que la lentitud administrativa fue la llave que permitió el festejo.
Escándalo en Salta: el casamiento en la Quebrada de las Conchas que terminó en denuncia penalLa "falsificación burda": una firma pegada y sin membretes
El corazón de la causa penal radica en el permiso de uso de suelo presentado por los organizadores ante la policía el día del evento. Según la investigación y los testimonios de los funcionarios implicados, se trataba de una adulteración grosera. El secretario de Ambiente, Alejandro Aldazábal, desmintió rotundamente haber firmado tal autorización: "No autoricé nada, ese documento es falso", sentenció.
Aldazábal detalló que el papel exhibido carecía de membretes oficiales, no tenía número de expediente ni resolución técnica. La maniobra, según dijo el funcionario, consistió en recortar una foto de su firma y pegarla digitalmente en la parte inferior del documento, un montaje que, según el Aldazábal, "se nota a un kilómetro". La fiscal Rojas coincidió en este punto, asegurando que cualquier persona con conocimiento básico de administración pública notaría de entrada que el texto no tenía estructura de permiso oficial.
El descargo de los protagonistas y la teoría del "patio de casa"
La organización del evento estuvo a cargo de Lucía Grajales Soriano, quien se desempeña como guía de turismo en Cafayate. Soriano defendió la legalidad del acto argumentando que el predio utilizado es propiedad privada de su familia desde 1965 y se encuentra dentro de las 25.000 hectáreas que abarca la reserva. "¿No puedo festejar una boda en el fondo de mi casa?", cuestionó en declaraciones radiales, asegurando que se habían contemplado todos los permisos y estudios de impacto ambiental.
Por su parte, la novia, Nicole Pocoví, también rompió el silencio para deslindar responsabilidades. La empresaria, hija de Marcelo Pocoví, explicó que el sitio fue alquilado a la familia Soriano bajo un contrato que garantizaba todas las habilitaciones necesarias. Según su versión, no es habitual que el cliente verifique la autenticidad de los permisos estatales gestionados por el propietario. Además, afirmó que durante el evento hubo guardaparques presentes que supervisaron el cuidado del entorno y que no se registró daño ambiental alguno.
La palabra de la ciencia
A la investigación judicial se sumó ahora una contundente advertencia desde el ámbito académico: la antropóloga y especialista en conservación del Conicet, Rossana Ledesma, advirtió sobre el delicado desequilibrio que este tipo de eventos masivos genera en un ecosistema de alto valor patrimonial. En diálogo con Aries, la experta subrayó que el uso de luces, música de alta potencia y la circulación vehicular del "Cafayate Fantasy" no solo ignoró la obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental previos, sino que pudo haber alterado drásticamente el comportamiento de la fauna local, como los zorros, agravando una situación de vulnerabilidad ya existente. Para Ledesma, la Quebrada de las Conchas no es solo un paisaje, sino un engranaje complejo de biodiversidad y cultura donde cualquier intervención sin control genera efectos en cadena que, en muchos casos, resultan difíciles de revertir para las futuras generaciones.
Cuatro días de exclusividad y misterio
El "Cafayate Fantasy" no fue solo una noche, sino un itinerario de lujo que comenzó el viernes 20 de marzo con el arribo de 110 invitados, mayormente provenientes de Buenos Aires. Tras jornadas de relax y eventos en bodegas locales, el lunes 23 los invitados fueron trasladados en combis privadas hacia una "locación secreta".
Al llegar, se encontraron con un despliegue masivo en plena Quebrada de las Conchas: carpas estructurales, sistemas de sonido de alta fidelidad, pistolas de burbujas e iluminación LED roja proyectada directamente sobre las formaciones geológicas de las eras Mesozoica y Cenozoica. A pesar de las justificaciones de la organización sobre el retiro de residuos y el uso de mano de obra local, el gobierno provincial insiste en que la Ley 7.070 de Protección del Medio Ambiente exige una evaluación de impacto ambiental oficial que nunca fue tramitada legalmente.
Sin registro oficial en Salta
Otro dato que sumó confusión al caso fue la participación del Registro Civil. La subsecretaria María Fernanda Ubiergo aclaró que el organismo no tuvo intervención alguna en la boda. Al revisar los registros y las filmaciones, se determinó que la ceremonia no fue celebrada por personal de la provincia y que, debido al domicilio de los contrayentes en Buenos Aires y CABA, el matrimonio probablemente fue asentado en otra jurisdicción antes del viaje a Salta.
Actualmente, la justicia busca determinar las responsabilidades penales por la falsificación de instrumento público y el incumplimiento de los deberes de funcionario de aquellos que debieron impedir el evento. El Gobierno de Salta ya adelantó que buscará una multa "ejemplar" y millonaria para evitar que este tipo de maniobras sienten un precedente de impunidad sobre las áreas naturales protegidas del país.