El conflicto entre la AFA y los organismos de control sumó en las últimas horas un nuevo capítulo político y judicial. El gobierno de Axel Kicillof convalidó el cambio de domicilio de la Asociación del Fútbol Argentino a la provincia de Buenos Aires, una decisión que va a contramano de lo resuelto por la Inspección General de Justicia (IGJ), que había rechazado la mudanza y mantiene abierta una investigación por presuntas irregularidades en la conducción de la entidad.

La AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, atraviesa un escenario cada vez más complejo. En el centro de la polémica aparecen sospechas sobre desvíos de fondos a empresas sin actividad comprobable, una causa vinculada a una propiedad en Pilar relacionada con el tesorero Pablo Toviggino, además de denuncias por evasión y maniobras judiciales orientadas a cambiar de fuero las investigaciones en curso.

En ese contexto, este miércoles la IGJ solicitó formalmente la designación de veedores en la AFA. El pedido fue elevado al Ministerio de Justicia de la Nación luego de que la entidad no cumpliera con la presentación de documentación complementaria que había sido requerida. Según trascendió, el organismo de control busca acceder a los libros contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025, además de información sobre las sociedades comerciales vinculadas a la conducción actual.

Desde el Ministerio de Justicia señalaron, a través de un comunicado, que la solicitud de veedores se apoya en “la gravedad de las irregularidades detectadas” y en la necesidad de reforzar los mecanismos de control sobre la institución.

Mientras avanzaba ese proceso, el abogado de Tapia, Gregorio Dalbón, anunció públicamente que la provincia de Buenos Aires había ratificado el cambio de jurisdicción de la AFA y rechazado la competencia de la IGJ. La decisión, tomada por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, fue presentada por la defensa como un respaldo clave para frenar la intervención del organismo nacional y abrir la puerta a una eventual judicialización del conflicto.

Hasta ahora, el gobierno bonaerense evitó pronunciarse oficialmente sobre el tema, pese a que la resolución fue celebrada en el entorno del presidente de la AFA. Cabe recordar que Kicillof mantiene a Tapia al frente del Ceamse, un cargo de peso dentro del entramado estatal bonaerense.

En la Casa Rosada, en cambio, relativizaron el impacto de la medida provincial. Fuentes del Ejecutivo aseguraron que la resolución “no modifica el curso de las actuaciones” y que el Ministerio de Justicia seguirá adelante con los pasos previstos tras el pedido de la IGJ. La definición final, indicaron, incluiría la designación de un contador y un abogado como veedores.

Una decisión apurada

Desde el Gobierno nacional también deslizaron críticas al modo en que se resolvió el cambio de jurisdicción. Según explicaron, la disposición firmada por la directora provincial de Personas Jurídicas, Silvia Andrea García, ni siquiera consigna con precisión la dirección de la supuesta nueva sede en Pilar. “Fue una resolución apurada, pensada para judicializar el tema y llevarlo a otro ámbito”, afirmó un funcionario.

Un dato no menor es el timing de las decisiones: la resolución bonaerense se firmó a las 15.04, cuando dos horas y media antes la IGJ ya había notificado a la AFA sobre los pasos a seguir en el marco de la investigación.

La semana pasada, la propia IGJ había rechazado el pedido de traslado de la sede social de la AFA a Pilar. La decisión se basó en una inspección al lugar indicado, donde los funcionarios constataron que no existían oficinas ni instalaciones operativas de la asociación. Para el organismo, no se trató de un cambio real de domicilio, sino de un intento de modificar la jurisdicción para quedar fuera de su alcance.

Así, la pulseada entre la AFA, la provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional suma tensión y abre un frente judicial que promete nuevos capítulos, con el control de los números de la entidad como telón de fondo y una disputa de poder que excede largamente lo deportivo.