Magdalena Cruz ingresó espantada a la sala de audiencias en marzo de 2018. Por segunda vez en su vida, la empleada doméstica oriunda de una localidad serrana, debía presentarse ante los jueces por haber prestado su nombre para que su patrona comprara un celular. Quedó involucrada en esta causa y en otra por drogas que se instruyó en la Justicia Federal por el uso de ese móvil.

El nombre de esta mujer apareció en el expediente por haber mantenido contacto con las hermanas Virginia -la última persona que vio con vida a Paulina Lebbos- y Jimena Mercado; con el padre de Roberto Luis Gómez -acusado por el homicidio y absuelto por el beneficio de la duda-; y con Walter “Chichilo” Acevedo -otro de los líderes de “La Inimitable”-, que apareció mencionado en la causa, pero nunca se avanzó en su contra ni fue citada a declarar como testigo en el juicio por el crimen de la joven.

También surgió que, con ese teléfono, mantenían contactos frecuentes con un hombre que estaba siendo investigado por narcotráfico y que sería oriundo de Aguaray, ciudad natal de las Mercado.

El contacto Aguaray, la hipótesis más fuerte que surgió en el caso Lebbos

Cruz casi no pudo hablar cuando las partes la interrogaron. Solo reconoció que no conocía a ninguna de esas personas y confirmó que su empleadora, Macarena Bordato, le había pedido que le prestara el nombre para comprar el celular. También declaró que en la Justicia Federal la habían citado como imputada por haberse comunicado con ese presunto narco, una persona cuyo nombre desconocía y de la que, en principio, solo le habían mostrado una foto en la que aparecía en un campo, con un sombrero de ala ancha.

Bordato no era una desconocida para los tucumanos por el escándalo que protagonizó en septiembre de 2016 en el aeropuerto Benjamín Matienzo. Durante una protesta de pilotos, la Policía de Seguridad Aeroportuaria intervino ante escenas de violencia verbal y física protagonizadas por la mujer, que fueron filmadas y luego viralizadas. Según Cruz, después de haber sido citada a declarar por la causa de drogas, su empleadora le consiguió un abogado para que la asistiera en un expediente cuyos detalles nunca trascendieron.

Sin protección

A raíz de esta situación, y ante la posibilidad de que surgieran nuevos indicios, los fiscales Diego López Ávila y Carlos Saltor pidieron a los jueces Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Rafael Macoritto que ambas mujeres ingresaran a un programa de protección de testigos, que había sido creado por una ley impulsada por Alberto Lebbos tras el crimen de su hija Paulina. Sin embargo, no pudieron aplicarlo porque en ese momento se confirmó que la norma -reglamentada en 2016- nunca se había puesto en funcionamiento y era imposible que se lo hiciera en tan poco tiempo.

Alberto Lebbos: “Hace 20 años que sé quién mató a Paulina y el Estado lo protege”

Nunca se volvió a saber de la vida de Cruz. De Bordato, tampoco. Ni siquiera trascendió si se le abrió un expediente por falso testimonio, tal como habían ordenado los magistrados del segundo juicio.