La ciudad de San Rafael, en Mendoza, acaba de conocer una impactante noticia. Es que una reconocida marca de gaseosas a nivel nacional deberá indemnizar a un trabajador por $807 millones luego de la demanda que este interpuso en un juicio laboral. La justicia sanrafaelina determinó una serie de irregularidades en la contratación por parte de la empresa, respecto del exempleado que transportaba bebidas entre diferentes provincias.
Reforma laboral: qué dice sobre el período de prueba, el Fondo de Asistencia Laboral y los beneficios socialesLa firma denunciada fue Refres Now S.A., que produce gaseosas, aguas minerales y saborizadas y un trago a base de fernet. Bajo ella está nucleada la popular marca de gaseosas, Manaos, de la que formaba parte el denunciante. Aunque la demanda inicial se hizo por $1.500 millones, los magistrados redujeron los costos casi a la mitad.
Manaos deberá pagar $800 millones por irregularidades de contratación
El Tribunal de la Excelentísima Suprema Corte de Justicia estuvo integrado por Omar Palermo, Norma Llatser –excamarista laboral– y Mario Adaro –exsubsecretario de Trabajo y Seguridad Social de Mendoza–. Los magistrados se expidieron a favor del denunciante, que prestó servicios entre 2013 y 2022 transportando productos entre Mendoza, San Juan y La Pampa.
De acuerdo a lo informado, el reclamo judicial se realizó por un total de $223 millones por indemnización y, además, la Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael había indicado que correspondían $1.235 millones más en concepto de intereses; de allí que se llegara a la suma de $1.500 millones. Pero la Corte estimó los costos de intereses en $584 millones, lo que dejó un total de $807 millones.
Antecedentes de denuncias a la firma de Manaos
En 2025, la Cámara Segunda del Trabajo también había determinado que se debía pagar $1.143.595. Un transportista había desempeñado tareas de distribución e inició acciones legales al ser desvinculado. Pese a que el trabajador pudo justificar su declaración, la empresa intentó desconocer la relación laboral.
Además de que el puesto de trabajo no estaba registrado y que la relación de dependencia estaba encubierta, el empleado había sido obligado a firmar acuerdos poco claros gestionados por abogados que también habían sido contratados de forma irregular por la empresa.