En una jornada marcada por intensos debates y picos de tensión, La Libertad Avanza (LLA), en conjunto con bloques aliados como el PRO, la UCR y sectores del MID y Provincias Unidas, lograron obtener el dictamen de mayoría para el nuevo Régimen Penal Juvenil. El despacho se alcanzó tras un plenario de cuatro comisiones clave en la Cámara de Diputados, reuniendo un total de 78 firmas. Este paso administrativo habilita el tratamiento del proyecto en la sesión de hoy, donde el Gobierno busca obtener la media sanción de una iniciativa que ha generado profundas divisiones en el arco político.
El eje central de la reforma establece los 14 años como edad mínima de punibilidad para delitos graves, cuentos como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros. Para estos casos, el proyecto contempla una pena máxima de 15 años de prisión, estipulando que la privación de la libertad debe ser utilizada siempre como último recurso. Asimismo, se propone la creación de centros socioeducativos especializados con personal capacitado en niñez, prohibiendo estrictamente la convivencia de menores con detenidos mayores de edad, bajo la premisa de garantizar la educación y el tratamiento de adicciones. Para los delitos menos graves —aquellos con penas inferiores a diez años y sin violencia extrema— el régimen prevé una amplia gama de penas alternativas.
Críticas
Desde la oposición, la diputada Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) encabezó las críticas, denunciando que el proyecto prioriza consignas “marketineras” por sobre el interés superior del niño. La legisladora cuestionó la celeridad del tratamiento y la falta de consideración hacia los expertos que expusieron en contra del texto del Ejecutivo. Según su postura, la iniciativa carece de la seriedad necesaria para cumplir con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, calificando a los nuevos centros especializados como meras “cárceles para niños” que no resuelven el problema de fondo.
Patricia Bullrich defendió la Ley Penal Juvenil y aseguró que "viene a poner orden"En contrapartida, la diputada Silvana Giudici (LLA) defendió el dictamen argumentando que el sistema actual requiere una adecuación urgente a la realidad criminal del país. Giudici destacó que el proyecto incluye una asignación presupuestaria específica para fortalecer la infraestructura y los equipos multidisciplinarios necesarios. Además, justificó la baja de la edad comparando a la Argentina con países de la región como Chile y Uruguay, asegurando que en dichas jurisdicciones la implementación de regímenes similares ha contribuido a reducir significativamente la reincidencia delictiva juvenil.