En el marco del juicio por la expropiación de YPF, el Gobierno argentino pidió a la Justicia de Estados Unidos que se suspenda la entrega de chats y correos electrónicos de funcionarios y exfuncionarios, así como también que se deje sin efecto la solicitud para declarar a la Argentina en desacato. El reclamo fue presentado este miércoles ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por la Procuración del Tesoro de la Nación.

El planteo se produce mientras se aguardan definiciones clave sobre si quedará firme o no el fallo que condenó al país a pagar U$S16.100 millones, más los intereses acumulados desde septiembre de 2023. La presentación del Gobierno busca frenar la etapa de discovery ordenada por la jueza Loretta Preska, que incluye el acceso a comunicaciones privadas de funcionarios que integraron los equipos de Luis Caputo y Sergio Massa.

El pedido oficial se suma a otras decisiones adoptadas en las últimas horas. Ayer, el Ejecutivo rechazó dos requerimientos considerados sensibles: informar a la jueza sobre las reservas de oro del Banco Central y autorizar la comparecencia del ministro de Economía ante el tribunal estadounidense.

“El país pidió a la jueza Preska suspender la etapa de discovery en el caso por la expropiación de YPF. El pedido incluye los procedimientos por desacato, mientras se resuelven todas las apelaciones pendientes”, explicó el especialista Sebastián Maril, CEO de Latam Advisor, a través de su cuenta de X. Según detalló, el Gobierno considera que los requerimientos recientes “son cada vez más intrusivos, carecen de sustento jurisdiccional y están desconectados de cualquier perspectiva realista de ejecución”.

En particular, la Casa Rosada cuestiona los pedidos centrados tanto en activos del BCRA como en cuentas personales de WhatsApp de funcionarios, al entender que exceden el marco legal del proceso y avanzan sobre esferas protegidas por la normativa argentina.

La estrategia defensiva del Estado se apoya en un argumento jurídico central: el oro que se encuentra en las bóvedas del Banco Central pertenece exclusivamente a la autoridad monetaria y no integra el patrimonio del Tesoro Nacional. Esta diferenciación es clave en el litigio, ya que el Gobierno sostiene que la independencia institucional del BCRA impide que el Poder Ejecutivo acceda libremente a información sobre la gestión y localización de esos activos.

Con este planteo, el Ejecutivo intenta establecer un cortafuego legal entre las obligaciones del Estado Nacional y los recursos que administra de manera autónoma el Banco Central, con el objetivo de protegerlos frente a eventuales embargos.

No obstante, la postura oficial no clausura por completo el requerimiento de los demandantes. En su respuesta al tribunal, el Gobierno informó que cursará formalmente un pedido al Banco Central para que evalúe la entrega de información sobre las reservas de oro. El movimiento busca mantener el argumento de la autonomía del BCRA, pero al mismo tiempo mostrar disposición a colaborar institucionalmente y evitar un desacato directo a la jueza Preska.

En paralelo, el rechazo a la comparecencia de Luis Caputo agrega un nuevo elemento de tensión al expediente. Los demandantes pretendían interrogar al ministro sobre el manejo de las reservas en oro. Al negar esa solicitud, el Gobierno evita exponer a su principal funcionario económico a un interrogatorio que podría derivar en declaraciones sensibles o revelar estrategias de administración de activos que prefiere mantener bajo reserva.