La comisión de Labor Parlamentaria de la Legislatura, presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo, puso hora y fecha a la primera sesión de 2026. El próximo martes, a las 9, los legisladores se darán cita en el recinto para tratar los dos decretos de necesidad y urgencia (DNU) firmados por el gobernador, Osvaldo Jaldo.
El primero es el Decreto 11/3 (MEyP), ingresado el 29 de diciembre. El instrumento establece una serie de restricciones en el ámbito del Poder Ejecutivo (PE) para la designación de personal, por un plazo de dos años, con excepciones. Además, el DNU invita a adherirse a los demás poderes del Estado y a los municipios.
El segundo es el Decreto 1/3 (MEyP), enviado el 8 de enero, con el objetivo de exceptuar (hasta el 31 de diciembre de 2026) la presentación del certificado de cumplimiento fiscal a las contratistas del Estado provincial que proveen de bienes y servicios.
“Se ha definido que se van a tratar los dos DNU que mandó el Poder Ejecutivo, uno referido a restricciones en materia de gastos y otro en el que se exime la presentación del certificado de cumplimiento fiscal a las empresas que se presentan en licitaciones”, explicó Acevedo a la prensa, tras la reunión de Labor Parlamentaria.
Respecto al segundo decreto, señaló que se trata de “una medida que ya se tomó anteriormente”, dado que rigió en 2024 y 2025.
Además, el vicegobernador expresó su confianza en que ambos decretos serán ratificados en la próxima sesión, ya que “favorecen a que se haga obra pública y al desarrollo de obras que están en Tucumán, tanto las que se encuentran inconclusas como las nuevas”.
Tras la Labor Parlamentaria, Acevedo recibió al presiente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Carlos Gallia. El legislador remarcó que el DNU que limita la incorporación de personal “se inscribe en el contexto de la compleja situación económica que atraviesa el país, con caída de la actividad y de la recaudación, tanto a nivel local como en materia de coparticipación”. Afirmó que apunta a “dar un ejemplo desde el Estado, manteniendo las plantas de personal y ajustando el gasto”. En cuanto al DNU que exime del certificado fiscal, Gallia dijo que la medida busca atender la realidad de muchas empresas que mantienen deudas y, por ese motivo, no pueden contratar con el Estado. “En ningún momento se le quita al Gobierno la potestad de reclamar las deudas por las vías administrativas o judiciales”, aclaró.