Desde Davos, en el marco del Foro Económico Mundial, el Gobierno de Javier Milei dejó una señal política que no pasó inadvertida en el mundo del fútbol. El Presidente y su hermana Karina posaron sonrientes junto a Gianni Infantino, titular de la FIFA, uno de los principales respaldos internacionales de Claudio “Chiqui” Tapia. La imagen se conoció en un momento especialmente sensible para la conducción de la AFA, atravesada por investigaciones judiciales y fiscales.
La foto se difundió pocos días después de que el juez en lo penal económico Diego Amarante aceptara a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como querellante en la causa impulsada por el Gobierno contra la AFA y su presidente, por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por miles de millones de pesos. Es, hasta ahora, el único expediente en el que Tapia figura formalmente imputado.
En la Casa Rosada aseguran que la ofensiva contra la AFA no se detendrá. Una fuente relevante del Ejecutivo sostuvo que “ningún gobierno avanzó contra la AFA como el actual” y dejó entrever que podría presentarse una nueva denuncia de ARCA contra la cúpula dirigencial de la entidad. Aunque no se brindaron detalles, la posibilidad es considerada concreta dentro del oficialismo.
La primera denuncia de ARCA se presentó en diciembre, luego de detectar incumplimientos en el pago de aportes y retenciones dentro de los plazos legales. Ese expediente quedó radicado en el juzgado de Amarante, que esta semana habilitó la participación del organismo recaudador como acusador privado.
Por ahora, la IGJ descartó la designación de veedores
En paralelo, el Gobierno avanzó por la vía administrativa. La Inspección General de Justicia (IGJ) intimó a la AFA a presentar balances pendientes y a justificar gastos por cifras millonarias, requerimiento que la entidad terminó cumpliendo antes del vencimiento. Por ahora, el titular del organismo, Daniel Vítolo, descartó la designación inmediata de veedores, aunque aclaró que la decisión final dependerá del análisis técnico de la documentación entregada.
En el entorno presidencial insisten en que no hay contradicciones internas y confían en que, una vez evaluados los papeles, la IGJ recomendará avanzar con un control más estricto sobre las cuentas de la AFA.
Las tensiones crecieron tras las acusaciones de Elisa Carrió, quien denunció un supuesto pacto entre el Gobierno, sectores judiciales y el peronismo. Desde el Ministerio de Justicia rechazaron de plano esa versión y remarcaron que fue la propia IGJ la que volvió a poner bajo la lupa a la AFA y a la Superliga, luego de años sin control efectivo. Mientras tanto, el conflicto sigue abierto y suma capítulos en los frentes político, judicial y deportivo.