Tras la sanción del Presupuesto 2026, referentes políticos, del ámbito científico y del sector educativo expresaron su preocupación por la aprobación del artículo 30 que deroga normas que fijaban mínimos obligatorios de inversión en educación, ciencia y tecnología. Las críticas apuntaron a los legisladores nacionales que acompañaron la iniciativa impulsada por el Gobierno, mientras que desde organismos como el Conicet y las escuelas técnicas comenzaron a evaluar el impacto concreto de la medida.

El diputado nacional por Unión por la Patria, Pablo Yedlin, cuestionó con dureza la validez jurídica del artículo incorporado al Presupuesto. “El artículo 30 es ilegal porque la Ley de administración financiera establece que la Ley de presupuesto no puede derogar otras leyes ni partes de ellas”, sostuvo. Según explicó, la norma elimina artículos de leyes que fueron sancionadas con amplios consensos políticos, entre ellas la Ley de Educación, vigente desde hace más de 20 años. “Al derogar esto, la Argentina hoy no tiene una meta a cumplir en el tema de educación”, advirtió.

Yedlin también se refirió a la derogación de la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Técnica, que establecía un sendero de inversión progresiva hasta alcanzar el 1% del PBI en 2030. “Está muy por debajo de cualquier país desarrollado, en donde nadie invierte menos del 3 o 4% del producto bruto en esto”, comparó. En otras líneas, alertó sobre el impacto en las escuelas técnicas. Recordó que, si bien son de gestión provincial, contaban con un fondo nacional administrado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) que permitía financiar proyectos para equipamiento e infraestructura. “Todas estas cosas fueron derogadas, o sea, el fondo para escuelas técnicas no existe más”, afirmó, y concluyó que “con este modelo económico se va a salvar la mitad de la Argentina y la otra mitad queda excluida”.

El director del Conicet NOA Sur, Augusto Bellomio, explicó que los proyectos de investigación ya se ven afectados por la falta de financiamiento y por la situación salarial del sector. “Registramos una pérdida del poder adquisitivo de los salarios que va entre el 40 y el 50% respecto a 2023”, detalló. Consultado sobre la salida de investigadores, señaló que la mayor pérdida se da en el personal administrativo “altamente calificado, clave para la gestión de proyectos y la compra de insumos”.

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Bellomio mencionó además la existencia de un proyecto de ley con media sanción en Diputados que declara la emergencia del sistema científico tecnológico y propone restituir los artículos derogados. “Las redes de directores y directoras del Conicet estamos en contacto permanente y estamos en alerta por este tema. Esta semana tenemos una reunión”, señaló, anticipando un escenario de creciente preocupación.

"Cortarle la peluca al león"

Por su parte, la dirigente del Frente de Izquierda, Alejandra Arreguez, cuestionó el rol de los legisladores tucumanos: “En la campaña, Jaldo hizo alarde de que iba a cortarle la peluca al león, pero está haciendo todo lo contrario. Sus tres diputados dieron quórum para el tratamiento del presupuesto ajustador y la mayoría lo votó”. Arreguez sostuvo que en el Senado “otra vez se vio el rostro colaboracionista de la falsa oposición”, al votar a favor del artículo 30, y llamó a profundizar las medidas de fuerza. “No van más las marchas o incluso los paros aislados. Hay que poner en pie un plan de lucha que involucre también a los sectores precarizados, a las mujeres, a quienes defienden el ambiente y a los jubilados”, planteó.

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En paralelo, LA GACETA se comunicó con la Dirección de Educación Técnica y Formación Profesional, desde donde señalaron que en el Consejo Federal de Educación -previsto para febrero- se definirán los pasos a seguir respecto de los fondos para las escuelas técnicas que fueron derogados por el artículo 30 del Presupuesto.

Artículo 30: su aprobación generó fuertes críticas de algunos sectores

El artículo 30, dentro del capítulo 2 de la Ley de Presupuesto, dejó sin efecto disposiciones vigentes que establecían porcentajes del Producto Bruto Interno destinados a la educación y al sistema científico. Entre ellas, el piso del 6% del PBI para el financiamiento educativo y la senda de crecimiento progresivo hasta alcanzar el 1% del PBI en ciencia y tecnología. La iniciativa también impacta sobre el financiamiento de la educación técnico profesional, un sector que ya venía denunciando recortes y atrasos en la ejecución de fondos.