Las críticas contra el servicio de justicia, principalmente contra el Ministerio Público Fiscal, MPF, retumbaron en el recinto legislativo mientras se trataba una prórroga por tres años del régimen conclusional. Hay más de 14.000 causas pendientes del viejo Código Procesal Penal (CPP), de las cuales 3.398 corresponden a las consideradas de alta gravedad. Entre los casos que esperan una condena desde hace décadas, hay 14 homicidios -entre ellos el de Paulina Lebbos-, 183 causas de abuso sexual, 40 referentes a personas privadas de la libertad y 1.502 robos agravados.

De acuerdo con la legislación vigente (8.934), el Período de Resolución de Causas Pendientes finaliza el 1 de septiembre de 2026. Sin embargo, se aprobó el jueves con una abstención y un voto en contra una prórroga por tres años más; es decir, hasta el 1 de septiembre de 2029. En diciembre de 2022 ya se había aprobado la extensión de la vigencia del régimen que inicialmente debía extinguirse en septiembre de 2023.

“Subsiste un volumen significativo de causas que no ha alcanzado una sentencia definitiva”, expuso el presidente de la comisión de Seguridad y Justicia, Carlos Najar. El legislador oficialista argumentó que acceder al pedido realizado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) “no implica un retroceso”. “Es dotar de una herramienta para evitar soluciones improvisadas o forzadas que puedan comprometer la calidad judicial”, manifestó el miembro informante.

Vacantes judiciales

El legislador Agustín Romano Norri remarcó que no está de acuerdo con que queden impunes ningún tipo de delitos, pero consideró que indirectamente se estaba prorrogando hasta 2029 la actuación de los jueces subrogantes que designó el Poder Ejecutivo “de forma poco clara”. “El fin es bueno, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Estos jueces subrogantes son los que sacaban los fallos perjudicando a sectores de la oposición y luego justo esos jueces subrogantes fueron premiados con Juzgados o Cámaras”, señaló.

El radical recordó que hay casi 60 ternas de jueces el gobernador Osvaldo Jaldo tiene a disposición para hacer nombramientos y acompañar el espíritu de la prórroga. Consideró, a su vez, que los jueces subrogantes no gozan de independencia. En ese sentido, instó al mandatario a que envíe las ternas para que la Legislatura pueda avanzar y los tucumanos puedan tener un mejor servicio de Justicia.

“Jugar a la política”

“Una Justicia lenta no es justicia”, recalcó la legisladora Silvia Elías de Pérez al inicio de su alocución. Destacó que el nuevo Código Procesal Penal (8.933) fue un gran acierto de la Legislatura y señaló que acompañaría la prórroga para las 14.109 personas que esperan justicia. “El ministro público fiscal (Edmundo Jiménez) debería dejar de jugar a la política y dedicarse a ver cómo terminan estas causas. La Justicia tiene que terminar estas 14.000 causas de una vez”, criticó.

El bancario Hugo Ledesma pidió permiso para abstenerse en la votación. Sin embargo, también embistió contra Jiménez, a quien señaló como el gran responsable por el atraso en la resolución de las causas. Dijo que las verdaderas demoras están en el Ministerio Público Fiscal (MPF), y cuestionó el nombramiento discrecional de fiscales auxiliares.

Sin informes oficiales

El legislador Walter Berarducci fue el único que pidió que se haga constar su voluntad negativa en una votación que fue por signos. Se expresó en contra de que se apruebe una prórroga de tres años, que excede incluso el mandato de los legisladores (vence en 2027), e incluso le sorprendió la antelación con la que se llevó el tema al recinto. Advirtió, a su vez, que la norma que se estaba modificando dice que se deberían enviar informes semestrales para rendir cuentas sobre los avances de las causas que quedaron pendientes.

“Darle tres años más a este sistema que no sabemos cómo ha venido transcurriendo este periodo de causas pendientes, incumpliendo la misma ley que piden que se prorrogue. Estos informes nos tienen que dar semestralmente a la Legislatura. El Poder Judicial es autónomo, pero está sujeto al contrapeso y al contralor del organismo”, cuestionó el capitalino.

El ex funcionario municipal acentuó que un sistema que era excepcional comienza a transformarse casi en una regla porque de tres años se extenderá a nueve el tiempo para la resolución de las causas. También reprochó que en el segundo artículo de la modificación se faculte al presidente de la CSJT, Daniel Leiva, (“a quien maneja las intensidades de las causas”, dijo) a que pueda redistribuir las causas entre las unidades jurisdiccionales conclusionales a los efectos de equiparar la carga laboral, en pos de lograr una mayor celeridad en el trámite de los procesos. “Le estamos dando una facultad al presidente de la Corte que rozaría lo inconstitucional”, dijo. Hizo moción para que la propuesta vuelva a comisión para su mejor análisis, pero no tuvo respaldo.

“Arqueología penal”

Del lado del oficialismo, Gerónimo Vargas Aignasse tomó la palabra y explicó que no era la intención del bloque Justicialista hacer una defensa del viejo sistema. Repasó que desde 2020 está en vigencia el nuevo CPP adversarial y dejó atrás el viejo sistema escrito. “El Fuero Conclusional es la muestra más palmaria y elocuente de lo mal que funcionaba el viejo sistema que hemos dejado atrás hace más de cinco años. Tenemos jueces que están haciendo arqueología penal en miles y miles de expedientes con testigos, víctimas y acusados muertos. Estamos tratando de ver qué se recupera de este fracaso del sistema de investigación y de juzgamiento penal”, remarcó.

“Si nosotros no prorrogamos el Fuero Conclusional, Alberto Lebbos no va a tener el juicio contra su hija. Por eso, y por muchas víctimas más, es que nosotros necesitamos prorrogar este sistema. ¿Cómo nos va a gustar que haya más de 14.000 procesos sin resolución. Por supuesto que a nadie le gusta esto. Es la muestra de un fracaso del sistema. No nos queda otra que hacerlo”, expuso Vargas Aignasse.