La tensión entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo y volvió a escalar con fuerza. El Ministerio de Justicia informó que la Inspección General de Justicia (IGJ) intimará formalmente tanto a la AFA como a la Liga Profesional de Fútbol para que brinden explicaciones sobre distintas observaciones detectadas en sus estados contables y financieros.
Según detalló el organismo a través de un comunicado oficial, ambas instituciones deberán responder “todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas, así como se les exige a todas las personas jurídicas registradas, sin excepciones”. En ese marco, se precisó que los balances sobre los cuales se solicitaron aclaraciones superan los 111 millones de dólares en el caso de la AFA y los 340 millones de dólares en el de la Liga Profesional.
Además, la IGJ intimará a la AFA a presentar documentación vinculada a gastos e inversiones relacionadas con actividades que no estarían contempladas dentro de sus estatutos sociales. En el comunicado se remarcó especialmente que la AFA es una asociación civil sin fines de lucro, por lo que debe ajustarse estrictamente a ese marco normativo.
Desde el Ministerio de Justicia reafirmaron que “nadie está por encima de la ley” y advirtieron que, en caso de no recibir respuestas satisfactorias, podrían aplicarse “sanciones económicas severas” tanto a las entidades como a sus directivos.
La medida se sustenta en irregularidades y vacíos detectados por la IGJ en los estados contables de la AFA durante siete años consecutivos, motivo por el cual se solicitó revisar toda la documentación desde la asunción de Claudio “Chiqui” Tapia en 2017. En paralelo, continúan las investigaciones judiciales que involucran a Tapia y a Pablo Toviggino.
Así, el conflicto entre el Gobierno y la conducción del fútbol argentino vuelve a recrudecer y marca el avance más concreto del Ejecutivo en una disputa que ya trasciende lo deportivo.