En medio del impulso libertario para avanzar con una amplia reforma laboral, los gremios comenzaron a reacomodarse frente a un escenario que cambia a gran velocidad y cuyos lineamientos definitivos aún no están claros. Las señales contradictorias del gobierno de Javier Milei despiertan inquietud en la Confederación General del Trabajo (CGT), que prepara una movilización para el 18 de diciembre, como también en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). “Todavía no está claro cuál es el proyecto definitivo”, advirtió Andrés Rodríguez, secretario general del gremio estatal y una referencia del sindicalismo tradicional.

En diálogo con el diario "Ámbito", Rodríguez señaló que el principal eje de resistencia será la defensa del derecho colectivo del trabajo. Subrayó que el sistema de convenios por actividad, la ultraactividad y la estructura sindical constituyen límites que el gremialismo no está dispuesto a ceder. Si bien admitió que algunos aspectos individuales podrían debatirse “si no alteran derechos esenciales”, remarcó que cualquier intento de debilitamiento de la organización gremial será rechazado.

El dirigente cuestionó la dinámica del Consejo de Mayo, al que describió como un ámbito en el que se circulaban borradores sin cierre y sin una búsqueda concreta de consenso. También expresó dudas sobre el texto final que el Gobierno nacional pretende llevar al Congreso de la Nación y anticipó que la CGT desplegará una estrategia que combinará negociación parlamentaria, acciones judiciales y, llegado el caso, medidas gremiales.

Respecto del contenido de la reforma, Rodríguez sostuvo que aún no existe un documento definitivo y que incluso dentro del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) persisten contradicciones. Reiteró que sostendrán la negociación colectiva por actividad y la ultraactividad de los convenios, y advirtió que propuestas como habilitar acuerdos por empresa por encima de los sectoriales “no serán aceptadas”.

Consultado por los debates en torno a indemnizaciones y banco de horas, indicó que podrían evaluarse mecanismos para reducir la litigiosidad, siempre sin alterar lo dispuesto en la Ley de Contrato de Trabajo. Sobre el banco de horas, reconoció que ya funciona en algunos casos a pedido del trabajador, aunque aclaró que cualquier postura quedará supeditada al texto final.

El sindicalista también aseguró que ninguna reforma resolverá por sí sola la informalidad laboral, a la que señaló como un fenómeno ligado al crecimiento económico y la inversión. Defendió el rol de los sindicatos como un factor de previsibilidad para las empresas y cuestionó la mirada que considera a los aportes como un costo.

Al referirse a los despidos en distintas actividades, y especialmente en la administración pública, Rodríguez señaló que UPCN logró reincorporaciones en ciertos casos, pero calificó la ola de ceses como una “caducidad de contratos” que dejó a numerosos trabajadores en la calle. “Lo que están haciendo es desarmar el Estado, no modernizarlo”, sostuvo, y describió un deterioro en áreas como rutas nacionales, salud y educación.

Frente a este panorama, sostuvo que la CGT priorizará el seguimiento del debate en el Congreso, la articulación con gobernadores, la judicialización de los puntos conflictivos -recordó la inconstitucionalidad del intento de limitar el derecho de huelga- y la posibilidad de nuevas medidas de fuerza si considera que se avanzan sobre derechos laborales.

Rodríguez también analizó la relación del movimiento obrero con el peronismo y afirmó que la central obrera promueve su reorganización, más allá de lo partidario, con el objetivo de reconstruir la territorialidad y generar un proyecto que vuelva a captar apoyo social.