En un clima de tensión política y fiscal creciente, Axel Kicillof volvió a confrontar con el Gobierno nacional al advertir que la Provincia de Buenos Aires atraviesa “una situación de excepción” por lo que definió como un “asedio financiero ilegal” impulsado por la administración de Javier Milei. El mandatario acusó a la Nación de quitarle “recursos obligatorios”, frenar transferencias esenciales y excluirlo deliberadamente de reuniones de coordinación.

Rodeado por la vicegobernadora Verónica Magario y un grupo de intendentes de distintos espacios políticos, el gobernador defendió la necesidad urgente de que la Legislatura apruebe la Ley de Financiamiento, cuyo tratamiento será decisivo en las próximas horas.

Kicillof repasó los efectos del recorte nacional sobre el distrito y recordó que, aunque el paquete económico provincial fue enviado el 3 de noviembre, solo dos de sus normas lograron ser aprobadas el 26.

Señaló que el Presupuesto 2025 declaró la emergencia económica debido a la “profunda recesión” y al “incumplimiento del Gobierno nacional de transferencias automáticas y no automáticas”.

Los datos que presentó fueron contundentes:

- La actividad económica cayó 5,7%.

- La industria retrocedió 10%.

- La construcción se desplomó 25%.

- El comercio bajó 8%.

- Se perdieron 18.000 empresas en el país y 5000 en la Provincia.

Además, apuntó al freno casi total de la obra pública: “Por decisión de Milei hay cerca de 1000 obras paralizadas en todos los rubros”.

Kicillof también afirmó que la población “no puede pagar el mínimo de la tarjeta” y acusó al Gobierno nacional de “modificar números” para mostrar una actividad sin recesión, cuando -según dijo- al descontar la intermediación financiera, “estaríamos en números negativos”.

“Mientras hay una fiesta en el mundo financiero, en el mundo real la vida de la mayoría se vuelve cada vez más difícil”, advirtió.

El impacto fiscal

El gobernador detalló que Buenos Aires dejó de percibir $12,9 billones (equivalentes a U$S9000 millones), cifra que -sostuvo- “disimula un presunto superávit nacional”. A eso sumó $3,6 billones menos de recaudación provincial (U$S2500 millones). 

En ese contexto, acusó al Gobierno nacional de mantener una deuda con la Provincia que definió como un “robo de billones de pesos”.

También defendió su gestión como “la más austera del país”, destacando que Buenos Aires, junto con Córdoba, es la jurisdicción con menos trabajadores estatales por habitante. Y volvió sobre la inequidad histórica: la Provincia aporta el 38% de la recaudación nacional, pero recibe menos del 7%.

La Ley de Financiamiento

Kicillof explicó que el proyecto no busca incrementar el stock de deuda, sino obtener los recursos necesarios para cubrir vencimientos del año pasado y de este, sin afectar partidas esenciales.

“No estamos dispuestos a afrontar vencimientos de deuda -de una deuda que no tomamos originalmente- con recursos que se retraigan de salud o educación”, reiteró.

Señaló además que "la deuda provincial bajó del 9% al 6% del producto: la carga de intereses cayó de 8,7% al 3% del presupuesto; la deuda no va a subir ni bajar salvo por cuestiones coyunturales.

El proyecto incluye un fondo para municipios: el 8% del financiamiento se distribuirá entre las comunas. Se garantizarán $250.000 millones en cinco pagos fijos hasta junio, independientemente del volumen final de las colocaciones. Ese esquema, afirmó, dará previsibilidad a los intendentes para afrontar gastos corrientes.