La causa que investiga presuntas irregularidades y corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) ha entrado en una fase crítica, concentrando sus esfuerzos en uno de los aspectos más sensibles del expediente: la reconstrucción del circuito financiero que habría permitido mover, ocultar y canalizar fondos provenientes tanto de supuestas coimas como de sobreprecios en contrataciones públicas. Con el secreto de sumario ya levantado, la Justicia federal ha puesto el foco en la trazabilidad del dinero y en el rol de un grupo de intermediarios, financieras y empresas presuntamente utilizadas para blanquear las operaciones.

La investigación, que tiene dos ejes centrales, apunta a un presunto direccionamiento de contrataciones por unos $40.000 millones a favor de un reducido grupo de droguerías —específicamente Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta—, y un esquema de sobornos que funcionó dentro y fuera de la estructura formal del organismo. La pista central, según el dictamen del fiscal Franco Picardi, involucra al lobista Miguel Ángel Calvete, señalado por haber intervenido para que estas empresas se quedaran con los millonarios contratos del organismo.

Renunció Javier Cardini, el funcionario de Economía implicado en la causa de coimas en Andis

La ruta del dinero se habría articulado a través de Alan Pocoví, sindicado como figura clave en la operatoria de lavado, a quien Calvete le entregaba “sumas importantes” de manera regular, tanto en moneda local como estadounidense. Parte de estos fondos, según la fiscalía, habrían sido invertidos en criptomonedas mediante la aplicación “Neblockshain”, buscando borrar el rastro. El flujo monetario llevó a los investigadores hasta la empresa Neblockchain S.A., que se analiza si opera como la fachada de Finanzas Sur, una firma vinculada al empresario Ariel Vallejo. Pocoví habría colocado dentro de esta última parte de la plata de las coimas y los sobreprecios.