La causa se originó en 2018 a partir de la aparición de los cuadernos de Oscar Centeno, chofer del ex funcionario del Ministerio de Planificación Roberto Baratta. Estos revelaban presuntos traslados de bolsos con dinero desde empresas constructoras a despachos oficiales. A partir de esto a Cristina Fernández de Kirchner se la investiga como jefa de la asociación ilícita.
*El origen de la “Causa Cuadernos”
En 2018, el periodista Diego Cabot tuvo acceso a ocho cuadernos escritos por Oscar Centeno, chofer del ex funcionario del Ministerio de Planificación Roberto Baratta, quien había anotado los movimientos de su jefe y otros funcionarios que trasladaban presuntos bolsos con dinero, desde las sedes de distintas empresas constructoras, de transporte y proveedoras de servicios, a los despachos o domicilios de funcionarios.
Antes de publicar el contenido de esos cuadernos, el periodista puso el material a disposición de la Justicia. El caso se originó como un desprendimiento de otra causa por irregularidades en la compra de gas natural licuado (GNL). Desde un inicio intervinieron el fallecido juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.
¿Quiénes están acusados en la instancia de juicio?
En total son 87 acusados: 22 ex funcionarios y 65 empresarios.
Entre los ex funcionarios figuran la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y las primeras, segundas y terceras líneas del Ministerio de Planificación Federal: el ex ministro Julio De Vido; el mencionado Baratta; los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; el ex secretario de Obras Públicas José López; y el ex subsecretario de Asuntos Jurídicos Rafel Llorens.
También figuran otros funcionarios de menor rango dentro de esa área, como Claudio Uberti, Germán Nivello, Sandro Férgola y Nelson Periotti; el propio Centeno; el ex secretario privado de Baratta, Nelson Lazarte; el ex secretario privado de De Vido, José María Olazagasti, y su chofer, Hernán Del Río; y el ex jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manuel Abal Medina.
Entre los empresarios están algunos de los principales constructores del país: Angelo Calcaterra (ODS SA y IECSA SA), Aldo Roggio (Grupo Roggio SA), Gabriel Romero (Hidrovía SA) y Carlos Wagner (ESUCO SA y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción).
También empresarios ligados a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner: Cristobal López (CPC SA y Grupo Indalo), Fabián y Osvaldo De Souza (CPC SA y Grupo Indalo), Gerardo Ferreyra (Electroingeniería SA) y Rudy Ulloa (Cumehue SA).
¿Qué delitos se investigan?
A Fernández de Kirchner, protagonista del proceso judicial, se la acusa de ser la jefa de la asociación ilícita, y además de ser coautora y partícipe de diversos hechos calificados como cohechos.
De Vido, Baratta, Jaime y Wagner están acusados como organizadores de la asociación. Todos los demás ex funcionarios acusados son considerados miembros de la asociación ilícita. Entre los miembros (pero del lado empresario) también figuran Ferreyra (Electroingeniería), Oscar Thomas (Entidad Binacional Yacyretá) y Miguel Aznar (Vialco SA – Decavial SAICAC – UTE, empresa concesionaria del Corredor Vial N°3).
Según el Código Penal, la pertenencia a una asociación ilícita tiene una pena que va de los tres a los 10 años de prisión. Para los jefes u organizadores, la mínima se eleva a cinco.
En la mayoría de los casos, los ex funcionarios están acusados por cohechos pasivos, y los empresarios y directivos de compañías, por cohechos activos. Ambos delitos tienen una pena que va de uno a seis años de prisión.
En este contexto vale aclarar que la ex presidenta ya tiene una condena firme a seis años de prisión en la causa Vialidad y actualmente cumple la pena en su domicilio.
Los arrepentidos en el expediente
Durante la instrucción del expediente, diversos imputados suscribieron acuerdos de colaboración en el marco de lo que se conoce como la “ley del arrepentido”, una norma que le otorga beneficios procesales a un imputado o procesado a cambio de aportar información que contribuya al esclarecimiento de un delito.
Según datos de la fiscalía del juicio, a cargo de Fabiana León, son 21 los imputados que firmaron acuerdos de colaboración. Además de Centeno, figuran Uberti y José López. Entre los empresarios, figuran como arrepentidos Clarens, Wagner, Aznar, Calcaterra, Roggio y Enrique Pescarmona, entre otros.
La “reparación integral” rechazada por la Justicia
En septiembre, previo al inicio del debate, las defensas de 47 empresarios y de cuatro ex funcionarios presentaron propuestas de “reparación integral”, una herramienta prevista en el artículo 59 del Código Penal que prevé la extinción de la acción penal en casos de “conciliación o reparación integral del perjuicio”. Esa reparación es patrimonial, es decir, consiste en el pago de dinero (que puede ser en moneda extranjera) o bienes.
Presentaron propuestas de reparación, entre otros, Clarens, Cristóbal López, Fabian De Souza, Calcaterra, Roggio, Romero, Pescarmona y Abal Medina.
El valor simbólico de la causa
Para los expertos en la materia, el juicio representa un punto de inflexión simbólica al poner bajo la órbita judicial a funcionarios con las más altas responsabilidades, incluyendo a una ex presidenta, junto a una gran cantidad de empresarios. Este sometimiento a la justicia de figuras tan poderosas, tanto del ámbito público como privado, materializa el principio cardinal del Estado de Derecho: la igualdad ante la ley.
La causa también se distingue por la diversidad y el alcance de los imputados, lo que la convierte en una causa bisagra que va más allá de la corrupción política tradicional. Al incluir a grandes empresarios acusados de pagar sobornos para asegurar el mantenimiento de un sistema de obras públicas con sobreprecios, el juicio pone en evidencia la compleja matriz de corrupción sistémica que involucra tanto al sector público como al privado.
Finalmente, la naturaleza bisagra del juicio se juega en su desarrollo y su duración. Un juicio que se extienda por años incumpliría con los principios de inmediatez y razón de ser de la pena, diluyendo su relevancia histórica. Por lo tanto, el manejo ágil del debate, la moderación estricta por parte del presidente del tribunal y la reducción de las lecturas procesales a lo indispensable son factores críticos que determinarán si el "Juicio Cuadernos" se consolida como una verdadera bisagra que establece un nuevo estándar de justicia oportuno en causas de alta complejidad y repercusión pública.