La Procuración del Tesoro de la Nación , el organismo que reúne a los abogados del Estado, anunció una profunda reestructuración institucional que incluyó la desvinculación de más de 60 funcionarios, la reducción de áreas técnicas y el cierre de estructuras jerárquicas. El ajuste llega en medio de fuertes sospechas por filtraciones de información en la causa por la expropiación de YPF, aunque el organismo evitó hacer mención directa a ese episodio en su comunicado oficial.

“La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) pone en marcha inmediata una profunda reestructuración institucional para eficientizar su funcionamiento operativo y contribuir a la reducción del gasto público, en el marco de los lineamientos establecidos por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, detalló el comunicado emitido por la entidad.

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La reestructuración implica un “recorte histórico de personal con más de 60 desvinculaciones y una drástica reducción de áreas técnicas” con el objetivo de “fortalecer la eficiencia operativa del organismo, garantizar un uso responsable de los recursos y adecuar su estructura a los principios de austeridad, profesionalismo y resultados concretos”.

Según el organismo, desde febrero de 2025 —cuando asumió la actual gestión tras la salida de Rodolfo Barra— ya se redujo el personal en más de un 20%. En ese marco, la PTN pasará de seis a cuatro Direcciones Nacionales y disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.

“Esto último, para limitar la tarea de capacitación del organismo estrictamente al fortalecimiento de la Abogacía Pública y la difusión de la doctrina jurídica de la PTN. Esta tarea será asumida por un centro que contará con menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela y que sostenía la vieja administración”, se explicó oficialmente.

En el Gobierno indicaron que entre los principales cambios se destacan “la reducción de unidades jerárquicas innecesarias, la reorganización de funciones superpuestas y la reasignación de competencias estratégicas”. Además, desde el inicio de la gestión se redujeron “las comitivas y gastos en viajes oficiales”.

Respecto al funcionamiento operativo del cuerpo de abogados del Estado, la PTN señaló que se mantendrá “mediante la reasignación interna de funciones que anteriormente eran tercerizadas”, lo que —afirmaron— “refleja una gestión más austera y autosuficiente, abocada a sus competencias concretas y sin lujos jerárquicos”, consignó Infobae. 

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No obstante, trascendió desde la Casa Rosada que en las últimas semanas hubo preocupación por la aparición de datos estratégicos en causas judiciales que habrían sido filtrados sin autorización. Si bien el Gobierno evitó confirmarlo de manera oficial, se sospecha de la posible venta de información a actores interesados en los litigios, como el caso de YPF que se cursa en Estados Unidos.

“La venta de información habría sucedido, pero en el Gobierno optaron por no ratificarlo en público debido a que eso implicaría generar mayor ruido a todo el proceso”, deslizaron fuentes cercanas. Tampoco se detalló qué tipo de archivos o datos se habrían filtrado, aunque se estima que podrían haber terminado en manos de los demandantes.