A poco más de un año de haber sido condenado el ex gobernador José Alperovich por abuso sexual, y atendiendo razones de salud, el juez Juan María Ramos Padilla, titular del presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Capital Federal, otorgó la prisión domiciliaria al ex mandatario, la que se hará efectiva una vez que deposite una caución de 400 millones de pesos. Alperovich podrá pasar el resto de su condena, si es que tanto la Cámara de Apelaciones como la Corte Suprema de Justicia la confirman, en su departamento de Puerto Madero, justamente el lugar donde según la Justicia abusó de la víctima.

Alperovich fue condenado a 16 años de prisión por nueve hechos de abuso sexual agravado, ocurridos entre fines de 2017 y marzo de 2018. Las agresiones, según los expedientes judiciales, se produjeron en domicilios de Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires, y la denunciante fue una sobrina segunda del ex senador nacional, quien trabajaba con él.

El ex gobernador estaba alojado en el pabellón de abusadores del penal de Ezeiza desde el 18 de junio del año pasado luego de cinco meses de juicio.

TRAS LA SENTENCIA. Alperovich había sido trasladado al penal de Ezeiza el 18 de junio de 2024.

La defensa de Alperovich, a cargo de Maximiliano Rusconi, había solicitado el arresto domiciliario invocando razones vinculadas a la salud de su asistido, específicamente por una patología que, según expresaron, le produce un dolor crónico y es de carácter degenerativo e invalidante: la estenosis espinal lumbar. Sin embargo, el juez señaló que las pericias médicas oficiales, tanto del Cuerpo Médico Forense como del Hospital Penitenciario Central 1 (HPC 1) del SPF, no acompañaron ni avalaron estas pretensiones. Los informes concluyeron que Alperovich no presenta patología alguna que impida su permanencia en un establecimiento penitenciario, destacando que “su afección crónica degenerativa y osteoarticular, compatible con su edad, no presenta riesgos vitales ni descompensación aguda, y su tratamiento puede ser provisto en contexto de encierro”. El HPC 1 incluso afirmó contar con los recursos humanos y materiales suficientes para su atención médica integral. El Tribunal ya había rechazado dos solicitudes anteriores para morigerar la prisión preventiva, decisiones que fueron confirmadas por la Cámara Nacional de Casación Penal

Alperovich, en prisión domiciliaria: la fiscalía se opuso al pedido de la defensa

A pesar de que no se verificó una exigencia médica, el juez Ramos Padilla consideró que la medida de coerción actual (prisión preventiva en cárcel) debía ser revisada en términos de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. Argumentó que los riesgos procesales que inicialmente fundamentaron el rechazo de pedidos anteriores han sufrido una “paulatina disminución”. El juez destacó que el juicio ya culminó, y el recurso interpuesto contra la sentencia condenatoria se encuentra en trámite avanzado ante la Cámara Nacional de Casación Penal desde hace aproximadamente un año. Además el juez consideró que “a esta altura, el riesgo de entorpecer la investigación o sustraerse del proceso ya no está presente con la misma fuerza que al principio”. El juez expresó su convicción de que el tiempo que Alperovich ha transitado en prisión, alojado en un pabellón común sin privilegios, “ha sido suficiente para que internalice que cualquier transgresión de las condiciones impuestas dará lugar a la revocación inmediata del beneficio”.

JUAN MARÍA RAMOS PADILLA. El juez impuso varias condiciones para conceder la prisión domiciliaria.

La medida se hará efectiva cuando Alperovich deposite la caución, y el Servicio Penitenciario haya colocado la tobillera que se ordenó.

Además de las condiciones de salud, Ramos Padilla tuvo en cuenta que Alperovich ya tiene 70 años. En ese sentido aclaró que “el artículo 32 de la Ley 24.660 establece que el juez ‘podrá’ conceder el arresto domiciliario a mayores de setenta años, lo que impone la obligación de evaluar su razonabilidad y eficacia, sin que sea un derecho automático”. La decisión también se apoyó en el principio “pro homine” y en la necesidad de compatibilizar los artículos 16 y 18 de la Constitución Nacional, “recordando que las cárceles no deben ser para castigo, sino para seguridad, y deben evitarse medidas que conduzcan a la mortificación innecesaria del reo, especialmente para una persona que, pese a la condena, aún no tiene sentencia firme”. En ese sentido, “la prisión domiciliaria no fue concedida como un privilegio, sino como un ejercicio legítimo de una atribución legal fundada en condiciones de estricto control, para neutralizar los riesgos de entorpecimiento y fuga, y asegurar la protección de la víctima”.

Tobillera electrónica y $400 millones de caución, las condiciones para que Alperovich goce de la prisión domiciliaria

Alperovich había sido condenado a 16 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras ser hallado culpable de múltiples hechos de abuso sexual contra su sobrina y ex asistente. La denunciante, cuyo testimonio fue clave, describió los abusos ocurridos entre 2017 y 2019, aprovechándose Alperovich de su posición de autoridad y dependencia laboral, según surgió del debate oral. La Fiscalía, representada por Sandro Abraldes, había solicitado una pena de 16 años y medio, mientras que la querella había pedido 22 años. Tras el veredicto, Alperovich fue inmediatamente detenido y trasladado al penal de Ezeiza, donde permanecía hasta ahora.

Condena bajo revisión: la Cámara aún tiene en estudio la sentencia condenatoria

La situación procesal de José Alperovich aún está bajo revisión. Es que, a pesar de que ya pasó un año desde que fue condenado, la Cámara Federal de Apelaciones aún no resolvió los recursos de la defensa, que pretende que se dictamine la inocencia del ex senador. No hay fecha para que los miembros de la Cámara resuelvan la cuestión. Y además luego quedará una ultima instancia en la Corte Suprema de Justicia. La familia de Alperovich ya había advertido que irían hasta las últimas instancias judiciales para que se lo absuelva.

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Para conceder el pedido de la defensa, Ramos Padilla ordenó una serie de puntos:

- Restricción de tránsito por el territorio nacional sin autorización expresa del Tribunal y prohibición absoluta de salida del país.

- Entrega inmediata de su pasaporte.

- Prohibición total y absoluta de contacto, por cualquier medio (personal, telefónico, digital, a través de terceros o redes sociales), con la víctima y su núcleo familiar, así como de realizar menciones o publicaciones públicas que puedan afectarlos. Esta medida busca evitar situaciones revictimizantes y proteger el bienestar psicoemocional de la denunciante

- Imposición de una caución real de $400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos), considerando la “enorme fortuna” del imputado.

- Designación de sus cuatro hijos como personas de referencia para informar cualquier cambio de circunstancias.

- Colocación de un dispositivo de geolocalización (tobillera electrónica), cuya factibilidad técnica deberá ser confirmada en 48 horas.