Manuel García-Mansilla, impuesto por Javier Milei en la Corte Suprema sin el aval del Senado, firmó 175 fallos desde su nombramiento. De ellos, 50 fueron emitidos el jueves, justo cuando la Cámara Alta rechazaba su designación con 51 votos en contra. Ahora, crece la incertidumbre sobre la validez de estas resoluciones y el impacto en la institucionalidad. La polémica intensifica la crisis de legitimidad en el máximo tribunal y cuestiona la independencia del poder judicial.

Tras la votación del Senado que rechazó los pliegos de Ariel Lijo y García-Mansilla, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, resolvió dictar una medida cautelar ordenando que García-Mansilla, quien asumió en comisión en la Corte, se abstenga de tomar decisiones en el tribunal. La resolución señala que deberá cumplir con esa orden judicial “bajo apercibimiento” de aplicarse “sanciones penales y/o pecuniarias”. Sin embargo, la principal pregunta es qué pasará con las 175 resoluciones firmadas por el cuestionado juez muchas de las cuales tocan temas sensibles como narcomenudeo. Consultado por LA GACETA, el constitucionalista Mariano Bär advirtió que hasta que se produjo la votación en el Senado, García-Mansilla era juez de la Corte (aún lo es, ya que no renunció), y que por lo tanto sus fallos estaban vigentes “más allá de que después alguien los cuestione legalmente”. Este fue el diálogo:

- ¿Cuál es su opinión de lo que está sucediendo en la Corte?

-Bueno, la situación institucional del país es grave y lo del jueves contribuyó a normalizar un poco. Es grave porque tenemos dos ministros, el 40% de la Corte iba a estar compuesta por dos ministros nombrados en comisión. Sí, de acuerdo al Senado, nombrados el último día del receso con una interpretación constitucional que no sé... la mayoría entendemos que no existe más a partir de la reforma del 94 y nada, de los cuales encima a uno le tomaron un juramento y al otro no. Sí. Con los pliegos mandados y, digo, de por sí ya estaba todo subvertida la situación institucional, era muy rara. Entonces, a partir de una situación de total extrañeza, todo lo que viene después no puede sino ser también extraño, raro y desconocido. Más allá de la gravedad institucional que está atravesando el Poder Judicial, lo de ayer a mí me parece que es un caso muy importante para tratar de ir recuperando aunque sea un poco de salud institucional.

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-¿Pero es un rasgo de institucionalidad lo que pasó en el Senado?

-Sí, porque vos tenés un mecanismo institucional para la normalidad, para los tiempos de normalidad, que es, para poner un juez de la Corte vos necesitás la propuesta del Ejecutivo y el acuerdo del Senado. Entonces ya está, vamos por el medio normal, no discutamos más las excepcionalidades. El medio normal dice que si no tenés acuerdo del Senado no podés ser juez. Se acabó la discusión, no tienen acuerdo del Senado ni Lijo ni García-Mansilla. La situación de Lijo es muy clara, no va a ser juez, nunca asumió como juez de la Corte, así que no hay mayor problema, el tema es García-Mansilla. Ahí vos tenés dos cuestiones; una cuestión que tiene que ver, que alguno dice que si le queda dignidad tiene que renunciar, de hecho ni siquiera es dignidad, es honorabilidad lo que tiene que tener; dignidad tenemos todos, el tipo si tuviese un poco de honorabilidad ya debería estar renunciando y no dando un intento, y no con este último intento ilógico totalmente descabellado de pedirle una opinión consultiva a la propia Corte Suprema sobre qué es lo que tiene que hacer. Primero y principal porque la Corte no tiene una función consultiva, la Corte únicamente resuelve casos contenciosos, en todo caso si la vía que él quiere es que termine decidiendo la Corte, que continúe el juicio que lleva adelante Ramos Padilla, que es el que más adelantado está, que ya tiene una cautelar, que si no le gusta la cautelar que la apele y que siga las vías institucionales como cualquier ciudadano, que es lo que es.

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-¿Qué cree usted que debiera pasar con las 175 sentencias que ya firmó García-Mansilla?

-Él asumió formalmente y durante el tiempo este que asumió y estuvo en ejercicio de su función, como no se está discutiendo en este momento ya la constitucionalidad del decreto de designación en comisión, sino que lo que se está discutiendo es si ahora tiene que renunciar o no porque tiene un rechazo, suponiendo que sigamos sin saber qué opina la Corte respecto de la designación en comisión, él fue investido con los poderes de juez de la Corte, era hasta ayer, entonces lo que firmó durante ese periodo es válido, más allá de que seguramente lo van a cuestionar, algunos harán planteos, no sé qué clase de planteo harán, pero harán planteos de nulidad en las sentencias dictadas por García-Mansilla y bueno, ahí posiblemente la Corte pueda resolver algo, pero yo en principio entiendo que son resoluciones válidas, porque las hizo en ejercicio de una función que aparentemente tenía.

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-¿Es sano que haya tanto ruido político en un poder como el Judicial?

- Esta sensación que decís vos que tiene la gente de que la justicia siempre está ajena a los conflictos políticos tiene que ver con algo que tenemos que ver los que divulgamos el derecho constitucional. Que no todos estamos dispuestos a reconocer. Muchos lo hacen, yo me incluyo, pero muchos otros no y te dicen que la Justicia es un poder independiente. Está todo bien eso. Ahora, lo que nadie te dice es que la Corte Suprema es la cabeza de un poder del Estado. Y como cabeza de un poder del Estado también tiene un rol político. No es un rol meramente de resolución de casos y de superintendencia administrativa y de gobierno. Tiene un rol político la Corte.

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-¿Qué debería pasar ahora? ¿El gobierno debería enviar otros dos pliegos?

-Si es su voluntad la Corte, estaría bueno que el Gobierno integre la Corte de una vez por todas. Aparte de las ministras, porque debería haber por lo menos una ministra, pero las dos deberían ser mujeres. Falta el procurador o la procuradora. Hay un montón de cuestiones que faltan completar. Ojalá que un gobierno lo pueda hacer, sea este o sea el que sea, pero que lo haga por los carriles que tienen que ser. Propuesta del Ejecutivo, acuerdo del Senado de dos tercios. Justamente ese es el amplio consenso político que necesitan los funcionarios de la Corte Suprema. A muchos no les importa si el ministro de la Corte es peronista, radical o socialista. Lo que no quieren es que sea independiente.

-¿Cómo se puede tratar de resolver que no haya tanta injerencia política en la designación de jueces?

- Se suponía que para eso iba a funcionar el Consejo de la Magistratura. Y la verdad es que el Consejo de la Magistratura funciona exactamente igual que como funcionaba en la servilleta de (Carlos) Corach. Pero nada más que ahora se le da una apariencia de transparencia. Está más formalizado. Que lo único que hace es ocultar la realidad de lo que pasa. Y hasta que no pongamos el foco de que la justicia es un poder político también, vamos a seguir viviendo en una fantasía que no existe y por lo tanto vamos a seguir teniendo los mismos problemas que tenemos siempre.

Diego Armesto: “los fallos son válidos”

“Si yo fuera (Manuel) García Mansilla ya habría renunciado”. De esta manera, contundente, opinó el constitucionalista Diego Armesto tras la situación que se generó en el Senado, que rechazó los pliegos de los candidatos propuestos por Javier Milei. En diálogo con LA GACETA, el abogado advirtió que, a pesar de la situación, las firmas de Mansilla en las sentencias son indiscutibles. “El dictó fallos siendo miembro de la Corte Suprema. Hay quienes después podrán objetarlos, pero desde mi punto de vista son válidos”, afirmó. Armesto opinó que lo que hizo el Senado fue un rasgo de institucionalidad. “No se puede discutir desde ese punto de vista la actuación de los Senadores. Está dentro de sus funciones. Lo que un presidente no puede hacer es gobernar por decreto. Se deben respetar las instituciones”, aclaró el constitucionalista. “El presidente no puede hacer cualquier cosa”, aseveró. “Hubo 51 senadores que le dijeron al presidente que el doctor García Mansilla no cumple con los requisitos o con la idoneidad”, agregó. Armesto también hizo mención a la posibilidad de que García Mansilla permanezca en comisión, pero advierte sobre las implicaciones. “Si no tiene el apoyo político, con una debilidad institucional alta, no tiene margen”, aseguró.

Roberto Gargarella: “se encuentra usurpando un cargo”

Para el constitucionalista Roberto Gargarella, “nadie puede ser juez de la Corte sin el apoyo de dos tercios del Senado en sesión pública. Fin de la discusión”. Según él, García-Mansilla “se encuentra usurpando un cargo desde el momento en que avaló y aceptó esa designación palmariamente inconstitucional” y “a esa situación tan grave se agrega la falta seria cometida por la Corte, al tomarle juramento -un hecho que no se explica por resguardo de la Constitución o de los valores republicanos, sino por razones vinculadas con las internas que parecen gobernar a la vida del tribunal-”.

Gustavo Arballo: “no puede seguir”

El constitucionalista Gustavo Arballo dijo que, tras el rechazo del pliego por parte del Senado, quien fue designado en comisión no puede seguir, aunque la Constitución diga que su cargo expira “al fin de la próxima Legislatura”. Afirmó: “que esto esté escrito así (para evitar las comisiones ‘a perpetuidad’ si el pliego queda en un limbo sin rechazo ni acuerdo) no implica que sea la única causal, porque debe verse en contexto como el recurso sucedáneo y transitorio, un procedimiento excepcional, que no puede imponerse frente a la voluntad ya luego declarada -negativamente- por el Senado”.

La cautelar de Ramos Padilla: García-Mansilla no puede firmar sentencias en la Corte

“El 25 de febrero, el Poder Ejecutivo dictó un Decreto, el 137, por el cual designó en Comisión a los doctores (Ariel) Lijo y (Manuel) García-Mansilla. Lo que nosotros estamos planteando es la constitucionalidad de ese decreto y los alcances y, eventualmente, se tendrán que analizar la validez o no de las decisiones que pudo haber tomado el doctor García-Mansilla”. De esta manera el juez federal Alejo Ramos Padilla explicó su decisión de hacer lugar a una cautelar que insta a Manuel García-Mansilla a abtenerse de tomar decisiones como miembro de la Corte Suprema, medida que alcanza también a los demás miembros del Máximo Tribunal.

“El caso en que nos tocó intervenir, que es una demanda que promueve Poder Ciudadano, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y otras ONG, no tiene que ver con el procedimiento que se discutió en el Senado de la Nación”, dijo el juez sobre la sesión en la que se rechazaron los pliegos del catedrático (51 votos en contra y 20 a favor) y del juez federal (43 negativos, 27 afirmativos y 1 abstención). Ramos Padilla manifestó que la decisión fue ser cautelosos, darle intervención a todos los interesados, al Poder Ejecutivo para que contestara, pero también a ambos jueces. En esa línea, comentó que ambos se presentaron y “García-Mansilla expresó que aunque no recibiera el acuerdo del Senado, él se iba a mantener en su cargo y que solamente podía ser removido por un juicio político, es decir, por una acusación de dos tercios” de las dos cámaras del Congreso. Consultado acerca de si el cuestionado integrante de la Corte se puede negar a cumplir con la cautelar, respondió: “Esta es una causa que está en el marco de un proceso judicial. Es una decisión jurisdiccional, no es una decisión administrativa. Hemos sido lo suficientemente claros”. “El doctor García Mansilla no puede conocer y decidir cualquier asunto jurisdiccional o administrativo que esté en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se dispuso una orden jurisdiccional en un expediente concreto en el cual él también es parte y puede ejercer su defensa”, declaró. Y cuando le consultaron si García Mansilla debía renunciar, afirmó: “No voy a opinar sobre eso porque precisamente tengo que resolver sobre este asunto. Hay antecedentes antiguos, incluso anteriores a la reforma y a la recuperación democrática, donde ha ocurrido eso. Él tomará la determinación”.

La postura de Lorenzetti: “yo  nunca aceptaría ser designado por decreto”

Un día después de que los senadores rechazaran los pliegos de Manuel García-Mansilla y de Ariel Lijo, uno de los vocales de la Corte, Ricardo Lorenzetti, aclaró que “lo primero que corresponde es dar tranquilidad a la población. La Corte es una institución que va más allá de las personas que la integramos. Estamos funcionando correctamente, se dictan sentencias, vamos a seguir haciéndolo más allá de todas las opiniones”. Cuando le consultaron si García-Mansilla debía renunciar, Lorenzetti dijo: “yo no puedo opinar porque son temas jurídicos. El doctor García-Mansilla es una persona honorable, está trabajando con nosotros y él es el que va a pensar sobre esto, es una decisión personal que él estará evaluando. La Corte no tiene ningún tema judicial para opinar y nosotros no damos opiniones de temas controvertidos por radio, nosotros tenemos que ver si hay un expediente y ahí opinamos”. Sin embargo, luego de la decisión tomada por el Senado, Lorenzetti dejó clara su posición al respecto: “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”. “Además creo que hay que ser coherentes en la vida. Yo lo dije muy claramente hace muchos años al presidente Macri. En ese momento éramos cuatro y le sugerimos que no era conveniente. Bueno, ahora el Presidente tomó otra decisión y desde el punto de vista del Poder Ejecutivo es entendible”, contestó Lorenzetti.