Por segunda vez en menos de dos meses, se presentó en la Legislatura un nuevo proyecto para la creación de una oficina que investigue el accionar de los policías, pese a que la fuerza ya cuenta con un departamento de esas características que funciona desde hace más de tres años.

“Los hechos de corrupción policial convierten en una obligación la actuación de esta Legislatura de control y seguimiento de la actividad de la policía. Será una herramienta para el Poder Ejecutivo”, afirmó el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, autor del proyecto que contó con el apoyo de sus pares Carlos Najar, Ricardo Bussi, Alejandro Figueroa y Maia Martínez.

La iniciativa tiene dos puntos clave. La Auditoría General de Asuntos Policiales estará bajo la órbita del ministerio de Seguridad y no de los hombres de la fuerza. El otro, que su titular debe ser un civil. Su misión es realizar investigaciones por cuenta propia y denunciar a la Justicia. También trae como novedad que será su función controlar el ingreso del personal a la fuerza.

“La banda que vendía droga en Famaillá, el secuestro y posterior asesinado del trabajador rural Luiz Espinoza y el último y reciente caso de secuestro extorsivo son una clara muestra de que un ente público conducido por personal civil desde afuera del ámbito policial es una necesidad impostergable”, explicaron los legisladores. “La sociedad reclama a gritos por mayor seguridad, por eso cuando el delito proviene de la misma fuerza la frustración e indignación se agrava exponencialmene”, sostuvieron.

Según el documento al que tuvo acceso LA GACETA, Deberá realizar las investigaciones recibidas por canales especiales y por oficio sobre hechos o actos de corrupción, sobornos, enriquecimientos ilícitos o cualquier otro delito doloso. Además del personal policía, también deberán analizar las conductas del personal del Servicio Penitenciario.

En febrero, el legislador radical José Cano, que no se sumó al proyecto firmado por la mayoría de la comisión de Seguridad, presentó otra iniciativa. “El policía bueno tiene que poder denunciar al policía que trabaje al margen de la ley, todas las fuerzas tienen una Oficina de Asuntos Internos, la Policía también tendría que tenerla” dijo el parlamentario cuando presentó los proyectos para la creación de la Secretaría de Asuntos Internos y la Defensoría General de Policía.

En cuanto al funcionamiento de la entidad, explicó que se encontrará bajo la dependencia directa del ministro, cargo actualmente ocupado por Eugenio Agüero Gamboa, y que requerirá de los uniformados declaraciones juradas y patrimoniales en casos de acusaciones.

Pese a las diferencias, los legisladores anunciaron que en los próximos días analizarán la situación y es muy probable que unifiquen los proyectos. “Se elaborará un dictamen para que sea tratado en el recinto. Va a salir como sea”, explicó un parlamentario.

Explicaciones

“Tenemos una oficina que investiga el accionar de nuestros hombres. Preferimos en estos momentos dar prioridad a otras cuestiones como poner en la cárcel a todos los narcos”, explicó el jefe de Policía Joaquín Girveau. “De todas maneras, estamos totalmente abiertos a toda sugerencia para realizar este control”, añadió.

El funcionario anticipó que la oficina de Asuntos Internos viene trabajando desde hace bastante tiempo analizando los delitos que cometen los efectivos. “Inmediatamente se ponen en conocimiento a la Justicia que los procesa. De manera administrativa, se hace lo que corresponde. Un policía que comete un delito es un delincuente y tiene que estar preso”, sostuvo.

Girveau señaló que en los últimos tiempos Asuntos Internos colaboró en casos que fueron muy resonantes como las irregularidades con la carga del combustible y el intento de huelga policial. “Si tienen una mejor idea, mucho mejor, pero también sería bueno que se la aplique en todas las áreas del Estado y no sólo en la Policía”, finalizó.